{"id":47431,"date":"2022-01-21T13:27:25","date_gmt":"2022-01-21T19:27:25","guid":{"rendered":"http:\/\/34.70.206.201\/cejume\/wp\/?p=47431"},"modified":"2022-01-21T15:25:26","modified_gmt":"2022-01-21T21:25:26","slug":"la-asesoria-juridica-victimal-en-el-proceso-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/2022\/01\/21\/la-asesoria-juridica-victimal-en-el-proceso-penal\/","title":{"rendered":"La asesor\u00eda jur\u00eddica victimal en el proceso penal"},"content":{"rendered":"\t\t
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La asesor\u00eda jur\u00eddica victimal en el proceso penal<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Mikaela Sazhnev Romero<\/p>\n

Integrante del Programa Semilla<\/span><\/font><\/p>\n

Estudiante del 5\u00ba semestre de la licenciatura en derecho en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa<\/span><\/p>

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El derecho a una defensa adecuada es fundamental para lograr el acceso a la justicia, no solo desde la perspectiva de la persona se\u00f1alada como probable responsable del delito, sino tambi\u00e9n de la propia v\u00edctima. El derecho a una defensa adecuada se satisface en la medida en que se hacen valer los derechos dentro del procedimiento penal. Se puede decir que es un veh\u00edculo que ayuda a quien participa en un procedimiento penal para que pueda ejercer los derechos procesales que le correspondan, por ejemplo, a la reparaci\u00f3n del da\u00f1o, a la impugnaci\u00f3n de resoluciones, a coadyuvar con el Ministerio P\u00fablico, entre otros.<\/p>


Para asegurar que la defensa se lleve a cabo de manera adecuada, deber\u00e1 ser ejercida por una persona que sea licenciada en derecho con su respectiva acreditaci\u00f3n. Inclusive, el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de que la autoridad jurisdiccional remueva del cargo a la o el profesionista con la finalidad de designar a alguien que s\u00ed garantice los derechos de la persona imputada.<\/p>


A partir de la reforma penal de 2008, los derechos de las v\u00edctimas se encuentran consagrados en el art. 20 apartado C de la Constituci\u00f3n. Sin embargo, en muchos casos dichos derechos solo quedan en el papel, al verse obstaculizado el camino al acceso a la justicia, como en el derecho a la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o (Covarrubias Flores, 2014, p\u00e1g. 393). Existen casos en que las personas que tienen la calidad de v\u00edctimas no est\u00e1n siendo representadas por una persona asesora jur\u00eddica que en realidad haga valer sus derechos, que asesore correctamente a la v\u00edctima y que tome en cuenta sus intereses; sino que muchas veces tiene una actitud pasiva, casi subyugada a la direcci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>


Por lo tanto, hay que establecer una diferencia entre lo que podr\u00edamos llamar una defensa material, sustantiva, efectiva, y una defensa meramente formal en un proceso penal. En el amparo directo en revisi\u00f3n 1182\/2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, se resolvi\u00f3 que, la defensa formal significa que basta con que seas defendido por una persona que acredite el t\u00edtulo de Derecho ante la autoridad jurisdiccional, mientras que la defensa material implica que la persona encargada de la defensa, adem\u00e1s, solicite la realizaci\u00f3n de actos de investigaci\u00f3n, aporte pruebas, realice argumentos, participe activamente en audiencias, solicite ajustes e interponga recursos cuando la ley lo permita, entre otros (p\u00e1rr. 98).<\/p>


Se requiere que la persona asesora jur\u00eddica, adem\u00e1s de contar con un t\u00edtulo de licenciatura en Derecho, tenga los conocimientos t\u00e9cnico-jur\u00eddicos necesarios para salvaguardar los derechos de la persona v\u00edctima. En caso contrario, podr\u00eda obstaculizar el acceso a la justicia de la v\u00edctima (Cruz Barney, 2014, p\u00e1g. 59). No obstante que con el nombramiento de una persona profesionista en Derecho se cumple con el car\u00e1cter formal del derecho de defensa, esto no significa que se est\u00e9 cumpliendo sustantivamente con la protecci\u00f3n y garant\u00eda de ese derecho.<\/p>


Para superar esta ficci\u00f3n de cumplimiento y que la v\u00edctima cuente con una representaci\u00f3n victimal adecuada, es necesario que, efectivamente, se lleven a cabo actuaciones que sean diligentes y adecuadas para garantizar los intereses y necesidades de la o las v\u00edctimas. En el Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015) se\u00f1al\u00f3 que para que el cumplimiento y protecci\u00f3n del derecho a una defensa adecuada sea real y no ficticio, es necesario que el o la profesionista ejerza una defensa t\u00e9cnica y que sus actuaciones sean tendientes a garantizar un acceso efectivo a la justicia en t\u00e9rminos igualitarios (p\u00e1rr. 157). Si bien esta sentencia, como la mayor\u00eda de los materiales que se han desarrollado alrededor de la defensa adecuada, hacen alusi\u00f3n a quienes ejercen la defensa penal de las personas imputadas, estos est\u00e1ndares son tambi\u00e9n aplicables a la figura de asesora o asesor jur\u00eddico.
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\n\t\t\t\tCuando una persona es v\u00edctima de alg\u00fan delito es importante preguntarse: \u00bflas actuaciones de la autoridad jurisdiccional y de su asesor\u00eda jur\u00eddica son determinantes para garantizar efectivamente sus derechos? Desde mi perspectiva dir\u00eda que sin duda lo son, ya que mediante una debida capacitaci\u00f3n a quienes, de manera oficial o privada, intervienen en el procedimiento penal representando a las personas v\u00edctimas, es posible garantizar de manera completa esos derechos que nuestra Constituci\u00f3n reconoce.<\/span>


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Las instituciones de asesor\u00eda jur\u00eddica victimal y las propias asesoras y asesores deben tratar de prepararse correctamente para contar con los conocimientos y habilidades necesarias, ya que tener un t\u00edtulo universitario por haber cursado la licenciatura en Derecho no quiere decir que se domina la materia y ni que se cuente con las suficientes herramientas t\u00e9cnicas.<\/p>\n


Es necesario un cambio en la concepci\u00f3n de las v\u00edctimas, y por ende de quienes las representan, dejando en claro que no son accesorios de la Fiscal\u00eda y bien pueden o no coincidir con sus objetivos o estrategias para el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, en el supuesto de que una mujer denunciara que su ex novio lleg\u00f3 a su domicilio insult\u00e1ndola y amenazado con matarla, que la sujet\u00f3 del cabello y dirigi\u00f3 su cabeza contra una pared, frenando estos actos cuando una amiga de la v\u00edctima lleg\u00f3 a dicho domicilio. Frente a este caso, pueden existir posturas distintas en cuanto a la tipificaci\u00f3n de los hechos; para la Fiscal\u00eda dichos actos podr\u00edan encuadrar en el delito de violencia familiar, mientras que para la v\u00edctima y su representaci\u00f3n victimal se trata de feminicidio tentado, ya que para la v\u00edctima era claro que el prop\u00f3sito de su agresor era asesinarla y que la llegada de su amiga fue la que impidi\u00f3 que el agresor cumpliera su prop\u00f3sito. De manera que la postura y actuaciones que realice la asesor\u00eda jur\u00eddica, a trav\u00e9s de los datos de prueba e intervenciones en el procedimiento, podr\u00edan demostrar que en realidad la persona imputada cometi\u00f3 el delito de tentativa de feminicidio y no el de violencia familiar.<\/p>\n


Como lo vemos en el supuesto planteado, la Fiscal\u00eda tiene la acci\u00f3n p\u00fablica, pero tambi\u00e9n hay intereses particulares de la v\u00edctima que deben ser tomados en cuenta y traducidos en el proceso penal. Podemos afirmar con toda certeza que estamos en la v\u00eda correcta. No obstante, la implementaci\u00f3n o la garant\u00eda de estos derechos depende de c\u00f3mo act\u00faan quienes participan en los procesos penales, y eso va estrechamente ligado a la capacitaci\u00f3n.<\/p>\n


Se debe dotar a la v\u00edctima de mayores herramientas para exigir justicia y la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o ocasionado y no, necesariamente, enfocarse en la sanci\u00f3n penal. El derecho a la coadyuvancia de la v\u00edctima, todav\u00eda no ha alcanzado la importancia que debiera tener en el procedimiento penal, siendo en muchas ocasiones dejada a un lado por la fiscal\u00eda, sin tomar en cuenta su trascendencia en la garant\u00eda al acceso a la justicia.<\/p>\n


Las actuaciones de las y los asesores jur\u00eddicos trascienden a las v\u00edctimas en la medida en que su idoneidad y pertinencia pretenden garantizar sus derechos e intereses en su b\u00fasqueda de justicia.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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  • Covarrubias Flores, H. (s.f.) Los Derechos de las V\u00edctimas. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 380-398. https:\/\/www.corteidh.or.cr\/tablas\/r33522.pdf<\/li>\n
  • Primera Sala de la Suprema Corte, Contradicci\u00f3n de de tesis 405\/2017, con el rubro DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA C\u00c9DULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCI\u00d3N QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n, 10a \u00c9poca, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, p\u00e1gina 935, Registro n\u00fam. 29104.<\/li>
  • Cruz Barney, O. (2014) El C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales y la Defensa a la Defensa. Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, (23-24). https:\/\/revistas.juridicas.unam.mx\/index.php\/reforma-judicial\/article\/view\/8856\/10907
    <\/li>
  • Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015, octubre 5). Caso Ruano Torres y Otros Vs. El Salvador. Resumen Oficial Emitido por la Corte Interamericana de la Sentencia de 5 de octubre de 2015. https:\/\/www.corteidh.or.cr\/docs\/casos\/articulos\/resumen_303_esp.pdf

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    \u00bfguardan relaci\u00f3n los principios constitucionales con la dogm\u00e1tica penal?<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":47243,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"elementor_header_footer","format":"standard","meta":[],"categories":[70],"tags":[69,68],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47431"}],"collection":[{"href":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47431"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47431\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47441,"href":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47431\/revisions\/47441"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47243"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47431"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47431"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cejume.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47431"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}