CEJUME

La reforma constitucional de 2008 que ordenó la implementación del sistema de justicia penal de corte acusatorio y adversarial, en lugar de uno de tipo inquisitivo mixto generó la adopción, como estrategia, la creación de un Consejo de Coordinación para la Implementación del sistema de justicia penal, órgano multidisciplinario, integrado por representantes de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la unión, según el artículo 3 de su decreto de creación, con una Secretaría Técnica (SETEC) considerada como instancia de seguridad nacional y con la característica de ser un órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Gobernación.

La SETEC creó una serie de herramientas para coadyuvar en la tarea de implementar coordinadamente los esfuerzos de la federación y las entidades federativas en tal tarea, generando, entre otros manuales, una “Metodología para la Planeación integral del la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en las instituciones federales y en las entidades federativas en México”, en el que se destaca que se puso a su alcance un proceso de planeación integral, con miras de alcanzar metas a largo plazo enfocada para “lograr la implementación de los cambios que implica la Reforma a más tardar para el 2016”.

Resulta evidente que esta estrategia no rindió los frutos esperados, entre otras causas, por el ejercicio indiscriminado de la soberanía estatal, en el sentido que las recomendaciones no se atendieron del todo, de modo que a la fecha se nota un crecimiento desigual y una percepción generalizada que el sistema de justicia penal de corte acusatorio, no ha sido una representado una respuesta eficaz a los reclamos de justicia en nuestro país.

La pandemia – por su parte -, tomó por sorpresa a todo mundo, también a las instituciones operadoras del sistema. De modo que el tema de capacitación, un eje fundamental para evitar la corrupción y generar transparencia, ya que entre más personas conozcan más profundamente las bondades del propio sistema, se evidencia las malas prácticas y se focalizan las áreas de oportunidad.

En Puebla, pese a la percepción de la población, en materia de inseguridad pública, no todo está perdido, ni mucho menos, considero que al menos existe un par de programas que deben destacarse, a continuación explico un poco más:

a) Academia de formación y desarrollo policial Puebla – Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”

Esta institución no solo representa un modelo a seguir por la financiación de Iniciativa Mérida y apoyarse en esta para conseguir guía en la infraestructura y en el análisis de planes y programas de estudio, sino que los proyectos que contempla, son realmente de destacar, ofrece los siguientes esquemas:

1. Cursos: de formación inicial, de actualización, de competencias básicas, etc., en las áreas de primer respondiente, policía preventivo, evaluadores de riesgos procesales, prevención de delitos cibernéticos, función de policía de investigación, etc.

2. Talleres: de actualización en actuación criminal conjunta, en protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, etc.

3. Diplomado para la policía procesal en el sistema de justicia penal.

4. Licenciaturas en seguridad ciudadana y protección ciudadana.

5. Maestrías: en seguridad pública, en metodología de la investigación criminalística aplicada al sistema de justicia penal.

6. Doctorado en ciencias policiales y de seguridad pública.

b) Dirección General de defensoría pública del estado de Puebla.

Vale la pena destacar la labor de esta institución, toda vez que se vio azotada por la contingencia sanitaria generada por covid-19, ya que durante este período tuvo 3 directoras generales, y numerosas personas defensoras públicas se vieron afectadas por dicha enfermedad lo que llevó a modificar la manera de atender a los usuarios, adoptando el sistema de citas en línea.

Pese a que solo es una dirección general, adscrita a la Secretaría General de Gobierno, es decir, no tiene autonomía financiera, ha presentado un esquema muy interesante de un Programa de capacitación, mismo que incluye las siguientes materias:

Derechos humanos de las mujeres; masculinidades; derechos humanos; violencia de género; derechos humanos en niñas, niños y adolescentes; derechos humanos en el sistema penal acusatorio; sistema de justicia penal acusatorio; derecho laboral; teoría del delito; agravios y conceptos de violación; ciencias forenses y protocolos de necropsia; control de detención para prisión preventiva necesaria (SIC); técnicas de entrevista; interrogatorio con polígrafo forense y etapas de ejecución.

Conclusión

Como puede verse, este par de instituciones han hecho un esfuerzo notable y se remarca el compromiso que tienen no solo con la población, sino con ellas mismas y con el personal que la integra.

Además, representan a personal que de primera línea tiene actuación relevante en el procedimiento penal: la policía con temas de prevención y persecución del delito; y la defensoría al brindar defensa técnica adecuada pese a las limitaciones, tanto presupuestarias como de personal.

En los programas ejemplificados encontramos un esfuerzo muy grande para enriquecer los propios programas de capacitación. mismos que pueden servir de inspiración a otras instituciones similares, a fin de incorporar y renovar sus ofertas de capacitación en el estado y en el país.