Blog CEJUME​

Este espacio busca convertirse en un canal de comunicación, encuentro e intercambio de ideas y experiencias en torno a los procesos de formación y certificación para la justicia en México.​

¿Qué le pasó a Guillermina?

Con la redefinición del sistema de justicia penal, el papel de la asesoría jurídica victimal como actora sustantiva cobró mayor relevancia.

CEJUME: sembrando semillas

Con la redefinición del sistema de justicia penal, el papel de la asesoría jurídica victimal como actora sustantiva cobró mayor relevancia.

Justo en el punto, el podcast de CEJUME

Justo en el Punto

El podcast de CEJUME

Roberto Contreras  

Investigador del CEEAD

¿Qué es “Justo en el punto”?

“Justo en el punto” es un podcast realizado por el equipo que conforma el programa de Certificación para la Justicia en México (CEJUME), esta idea se crea a partir de la intención de socializar el derecho al mayor número de personas de forma sencilla y práctica, con un contenido de calidad. Esto lo logramos a través de la utilización de los recursos y medios electrónicos gratuitos a los cuales el mayor número de personas en nuestro país tiene acceso.


¿Qué contenido podemos encontrar?

En este podcast buscamos que quienes nos escuchan, cuenten con un espacio en donde se aborden temas relevantes y actuales para el sistema de justicia penal (SJP), como los son: el derecho penal, derecho procesal penal, derechos humanos, perspectiva de género, educación jurídica en el SJP, entre otros.


Lo anterior, a partir de entrevistas con especialistas, reflexiones de los temas relevantes, el análisis de las tesis y jurisprudencias más relevantes publicadas recientemente por nuestros tribunales, mismas que serán comentadas y se analizará su alcance e impacto en el SJP por los miembros de la mesa.


¿Cuál es la importancia de este podcast?

La importancia de este espacio consiste en no solo abordar y dar a conocer temas relevantes en el SJP desde la academia o la investigación, sino que pretende darle voz a las y los operadores del sistema de justicia.


Por ello, dentro de nuestros episodios, también contaremos con su presencia, para que nos compartan su día a día y quienes nos escuchan, conozcan más de cerca la realidad y los retos a los cuales se enfrenta el sistema de justicia en nuestro país. Además, a partir de estas experiencias, buscamos que la ciudadanía pueda ser más empática con la actividad que desempeñan las y los operadores del SJP, pues desafortunadamente viven una realidad diversa a la que probablemente creemos como sociedad, lo cual muchas veces impide que se alcancen los fines del sistema de justicia penal que establece nuestra Constitución y son: (i) esclarecer los hechos, (ii) proteger al inocente, (iii) procurar que el culpable no quede impune y (iv) reparar el daño.


¿Qué episodios ya puedes encontrar?

Actualmente contamos con cinco episodios. El primero de ellos “¿Qué es CEJUME?”, hablamos sobre el proyecto y los objetivos del equipo que lo conformamos, de colaborar en el fortalecimiento de los procesos internos de formación y profesionalización de las instituciones operadores del SJP. El segundo episodio, “Perspectiva de género y justicia penal”, fue publicado el Día Internacional de la Mujer, se abordan temas relativos a la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito de la justicia penal en México y los retos que enfrenta.


Nuestro tercer episodio, “Educación jurídica y práctica profesional”, el cual fue lanzado durante el pasado Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2022, profundizó sobre la evolución de la enseñanza del derecho a partir de la pandemia y los retos que tanto el personal docente, como el alumnado ha enfrentado y cómo se ha buscado resolver estos desafíos para que las y los estudiantes sigan obteniendo una educación de calidad y obtengan las habilidades necesarias para su práctica profesional. En el cuarto capítulo, “Medidas Cautelares”, podrás escuchar el análisis que la mesa hace sobre esta figura jurídica y los principios rectores, así como la relevancia que tiene para las partes involucradas en el procedimiento penal, en ese sentido, también se aborda la distinción de estas con las medidas de protección o las providencias precautorias.

Finalmente, nuestro más reciente capítulo “Programa Semilla”, es una plática que sostuvimos con dos integrantes del Programa, quienes nos hablan sobre el proyecto, su experiencia, cómo les ha beneficiado en su vida académica y porqué consideran que más estudiantes se deben de sumar a este programa.


¿Qué se viene?

Dentro de los capítulos que tenemos en puerta está una mesa de análisis con personal de Asesoría Jurídica Victimal, para que nos cuenten su labor en la protección de los derechos de las víctimas dentro del procedimiento penal, así como los retos a los cuales se enfrentan desde sus instituciones día a día. Asimismo, estamos trabajando en un episodio que se enfoque en las “Herramientas Metodológicas para el análisis de casos”, donde se explicará en qué consisten, cuál es su utilidad y beneficio para las y los operadores del SJP.


Estos son solamente algunos de los temas que tendremos, pero como siempre, estamos atentos a nuestras redes donde ustedes pueden proponer temas que consideren necesarios incluir en este programa, esperamos que este espacio también sea suyo y dé voz a todas las personas comprometidas con la mejora continua del SJP.


Les invitamos a escuchar todos los episodios de “Justo en el punto” que ya se encuentran de forma gratuita en Spotify® y que sigan las redes sociales de CEJUME y CEEAD.

¿Qué le pasó a Guillermina?

¿Qué le pasó

a Guillermina?

Sofía Flores Sentíes  

Investigadora del CEEAD

El enfermero entró con cuidado a la habitación para tomar los signos vitales e incorporar un poco la camilla. Enseguida entró la doctora y se acercó con cuidado a su paciente para que la escuchara bien.

– ¿Nos escucha? ¿Sabe en dónde se encuentra?
– En el hospital.
– ¿Sabe cómo se llama?
– Guillermina.
– ¿Sabe lo que le ha pasado, Guillermina?
– Mmm… No recuerdo bien.

Guillermina tenía treinta y siete años cuando tuvo un derrame cerebral. Pasó un tiempo para que hiciera consciencia de que a lo largo de los últimos dos años, evitó hacer caso a varias advertencias de su cuerpo, algo no marchaba bien. Despertar con dolor de cabeza, náuseas y diarrea, eran para ella algo navegable y rápidamente lo atendía con su cóctel favorito: paracetamol y té de manzanilla, combinación perfecta para poner el cuerpo en marcha y llegar a trabajar.

– Con la justicia no se juega. Con las víctimas no se juega. No puede haber nada más importante que resolver este caso lo más rápido y lo mejor posible, pero es que no lo entienden.

Esto es lo que constantemente se repetía cuando sus familiares se preocupaban por su salud.

– Guille, es que ya nunca te vemos. Llegas tarde todos los días y cuando te vemos, siempre estás tan cansada que ni ganas tienes de platicar. Siempre te duele algo, ¿cuándo vas a ir con la doctora?

Los focos rojos en el recuento de los hechos

Trabajar para la fiscalía del estado era su mayor orgullo. Guillermina llevaba ya doce años siendo agente del Ministerio Público y una de las más reconocidas. La fiscal la tenía bien identificada y en diversas ocasiones le asignaba responsabilidades para capacitar a nuevos compañeros, tarea que cumplía con mucha pasión.


Además, al ser una de las más experimentadas y con menor rezago, su mando superior le asignaba cada vez más y más casos. Guillermina creció en una cultura laboral en donde sentirse mal es normal; salir de trabajar en el horario asignado es para personas irresponsables, débiles o cínicas que se atreven a irse antes que su jefe. Expresarle a tu responsable alguna situación difícil por la cual estás pasando, es condenarte como una persona que no está hecha para este trabajo y ni quejarse de los comentarios hostiles sobre cómo su ascenso seguramente se debe a que se acostó con algún superior, mejor mantenerse callada para no generar problemas.


Un par de meses antes del derrame, el superior de Guillermina la llamó a su oficina para pedir su opinión sobre una teoría del caso. Ella empezó a desvariar, diciendo frases incompletas y sin sentido.

– ¿Qué está diciendo Guillermina?, que no le entiendo…

A lo cual ella le respondió -que no sabía en dónde estaba ni quién era él-. Unas fracciones de segundos después, ella se disculpó apenada y argumentó que le dolía mucho la cabeza. Él simplemente la despachó y le recomendó se fuera a echar agua al baño para que volviera a trabajar.


El día del derrame, Guillermina llevaba 27 horas de trabajo ininterrumpido y con un caso de alta dificultad, lo cual la tenía muy agobiada. Cuando por fin decidió tomarse un descanso, bajó a la cafetería a comer algo. En el momento que leía de lejos el menú del día, se dio cuenta que no sabía en dónde estaba, ni porqué estaba ahí. Asustada, llamó por teléfono a una compañera de trabajo, quien la encontró fuera de sí y la llevó inmediatamente al hospital.


Nunca sabremos si se pudo haber evitado ese derrame, lo que sí es un hecho, fueron las señales claras de que Guillermina no estaba bien, dichas señales fueron ignoradas y minimizadas. Primero, por su superior y segundo, por ella. La gran diferencia es que la decisión de no atenderse no fue culpa de Guillermina, sino de la cultura organizacional y el ambiente laboral que le impidieron, en todo momento, pedir ayuda, sentirse segura, en confianza para identificar y expresar su malestar y trabajar las horas que por ley tiene estipuladas, no más.


Un poco de contexto sobre el ambiente laboral en México
México es uno de los primeros países en el mundo con el mayor número de personas con estrés laboral, en donde el 85% de las organizaciones mexicanas no tiene las condiciones adecuadas para que las personas tengan un balance entre su vida personal y el trabajo, lo cual afecta a ambas partes, tanto a las y los trabajadores como a la propia institución (UNAM, 2018).


Si bien existen algunas investigaciones que reportan el desgaste emocional del personal, demostrando que existe una relación entre el síndrome de burnout (se caracteriza principalmente por el estrés crónico y cansancio emocional o mental) y la percepción de la calidad de vida profesional por parte de las y los operadores (Muñoz del Carpio Toia y Cols., 2020).



La información sobre lo que sucede dentro de los ambientes laborales de las instituciones de impartición de justicia es insuficiente. Esto no solo es un problema, sino una negación o minimización de que sea una situación urgente e importante a atender.


Los problemas generalmente relacionados a la salud emocional y física, tales como depresión, trastornos de ansiedad, estrés, trastornos del sueño, migrañas, enfermedades respiratorias, entre otras, impiden a una persona lograr un adecuado rendimiento en su trabajo o un involucramiento en sus actividades cotidianas. Esto impacta directamente en el cumplimiento de los objetivos de la institución y se traduce en un mayor costo económico, debido a la baja productividad, ausentismo y deterioro del ambiente laboral.


Diferentes instituciones de impartición de justicia -desde sus contextos muy particulares- dan pasos firmes y constantes para mejorar nuestro sistema de justicia penal. Se exigen más capacitaciones, se crean mejores procesos de ingreso, promoción y profesionalización del personal, se implementan nuevas herramientas y recursos… ¿pero, qué se está haciendo para garantizar que las personas trabajen en ambientes saludables y desarrollen un bienestar integral?


Por un lado, hemos dado pasos hacia adelante con el diseño de protocolos contra el acoso laboral y la violencia de género, o con la creación de nuevas unidades en favor de las y los servidores públicos para el cuidado de su integridad. Por otro lado, nos limitamos al diseño de instrumentos y mecanismos sin claridad de cómo cambiar una cultura organizacional hacia ambientes laborales saludables.


Argumentos a favor de ambientes laborales saludables
Guillermina es un claro ejemplo de cómo trabajar en un ambiente hostil, con cargas de trabajo inimaginables e interminables, con la inexistencia de espacios seguros y de confianza con sus superiores para compartir cómo se siente trabajando ahí, esto provoca que nuestro sistema de justicia no marche bien, así de claro.


Cuando Guillermina tuvo el derrame cerebral, tenía a su cargo 200 carpetas de investigación. Fueron 200 casos que perdieron la oportunidad de ser minuciosamente estudiados y trabajados por una excelente agente de Ministerio Público. Una mujer dedicada y apasionada por su trabajo, pero que las condiciones y el ambiente laboral en donde se desempeñaba, provocaron una parálisis facial e importantes pérdidas de memoria. El sistema le falló a Guillermina…


Si se busca un sistema de justicia que funcione, se debe de buscar cuidar a toda costa la integridad de quienes lo operan. Está comprobado que una persona motivada y con bienestar es más productiva en su trabajo (Rivera Ulloa K., Tarride Fernández., y León Vázquez, F. 2019).


Aunado al interés de fomentar espacios de trabajo saludables y donde la gente disfrute su trabajo, buscamos que nuestro sistema de justicia funcione, ¿no? De ahí la importancia de que las instituciones generen las condiciones óptimas para el desempeño laboral y los mecanismos de prevención ante factores de riesgo.


Ningún esfuerzo es menor: pasos firmes hacia el bienestar
El pasado mes de noviembre de 2021, la Fiscalía General del Estado de Zacatecas dio un paso enorme y tomó la decisión de hacer un diagnóstico sobre el estado de bienestar y el ambiente laboral que percibe su personal. Esta acción permitirá caminar hacia una valoración de la percepción que tiene el personal sobre el ambiente laboral y cómo se vincula con la productividad en su trabajo, entre otros elementos.


Hacer un diagnóstico es dejar atrás las intenciones o meras menciones de que el ambiente laboral es importante; es tomar acción hacia una nueva cultura organizacional que busque implementar acciones efectivas para ambientes laborales saludables.


Aparentemente es obvio que el fortalecimiento del sistema de justicia penal se debe en gran medida al cuidado de sus recursos humanos, pero subrayo el aparentemente. En la implementación del sistema no se contempló (y sigue sin contemplarse de manera seria) el tema de la salud mental y del bienestar del personal operador.


No podemos pretender lograr el fortalecimiento del sistema sin un cambio de cultura y sin tener la humildad de asumir que nos hemos equivocado de fórmula. Al cuidar a Guillermina, cuidamos su trabajo y brindamos mejores servicios para la justicia que tanto se busca en este país.

1. Síndrome de burnout: es el resultado de un proceso en el que el sujeto se ve expuesto a una situación de estrés crónico laboral en el que las personas, en su esfuerzo por adaptarse y responder eficazmente a las demandas y presiones laborales, pueden llegar a esforzarse en exceso y de manera prolongada en el tiempo, lo que acarrea consecuencias negativas a nivel emocional, cognitivo, conductual y social (Martínez Pérez, 2010).

Referencia
Martínez Pérez, Anabella (2010). EL SÍNDROME DE BURNOUT. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN. Vivat Academia, (112),42-80. Consulta 20 de Abril de 2022. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=525752962004

CEJUME: sembrando semillas

CEJUME:

sembrando semillas

Juan Diego Nava Gutiérrez

Investigador del CEEAD

¿Qué viene a tu mente al preguntarte sobre cómo ha impactado el proyecto CEJUME en la transformación de nuestro sistema de justicia? Seguramente no es la primera ocasión (ni la última) en que reflexiones acerca de esto y de inmediato lo asocies con EXMIDA o EXMASC, tal vez con el proceso de certificación de operadoras u operadores de justicia o quizá, con algunos de los cursos que es posible tomar en Aula CEEAD. Sin embargo, ¿sabías que CEJUME también incide en esto a través del impulso a nuevas generaciones de abogadas y abogados desde su etapa estudiantil? ¡Así es! Lo hace a través de un programa llamado Semilla CEEAD.


Empezando por el principio, ¿qué es Semilla CEEAD?


Te cuento que es una red de aprendizaje conformada por estudiantes de derecho procedentes de todo el país, quienes a través de una convocatoria pública y un proceso de selección minucioso, reciben una beca mensual como apoyo a sus estudios.


Dentro de esta red y durante 10 meses, el estudiantado forma parte de un programa de actividades que contribuye al desarrollo de habilidades para el ejercicio de la abogacía (comunicación asertiva, resolución de problemas, negociación y salud emocional, entre otras), que se complementa con todo lo relacionado a CEJUME para conocer el contexto bajo el cual opera este proyecto rumbo a la consolidación del estado de derecho en México. A la fecha, más de 200 estudiantes han sido parte de esta gran iniciativa desde 2018, año en el cual se puso en marcha el proyecto y que este 2022 está cerca de cumplir su ciclo la Cuarta Generación.


En congruencia con los objetivos de CEJUME, este programa ha dado la oportunidad a jóvenes estudiantes desde Yucatán hasta Baja California Sur para asumir su rol como agentes de cambio en la procuración de justicia desde su trinchera: las Escuelas y Facultades de Derecho en donde estudian, tanto públicas como privadas.


¿Cómo se logra esta meta?


La suma de esfuerzos en torno a CEJUME lo ha hecho posible: desde el financiamiento que hace sostenible al programa, hasta la realización de diversos proyectos de investigación que vinculan al estudiantado con la realidad del ejercicio profesional y así contribuir al estudio, análisis e interpretación de datos sobre cómo se enseña y aprende el derecho en nuestro país.


Además, a través del programa se da a conocer entre las y los estudiantes participantes en qué consiste el proyecto CEJUME, cómo el personal operativo del Sistema de Justicia puede acceder a la certificación según la función que desempeña (Agente de Ministerio Público, Defensoría y Asesoría Jurídica a Víctimas, por ejemplo) y permite concientizarles de la trascendencia que todo esto adquiere para la consolidación del Estado de derecho.


Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que esta red representa una muestra clara de la voluntad política que permea cada vez con mayor fuerza en las universidades para dar respuesta a las necesidades profesionales de la abogacía, con un compromiso ético y socialmente responsable.

¿Por qué a través del programa Semilla CEEAD?


Desde su inicio, el ideal de este programa es generar un espacio abierto a la pluralidad y diálogo entre estudiantes de derecho procedentes de todo el país, quienes fortalezcan su formación profesional con habilidades y conocimientos esenciales para el ejercicio jurídico. Además, representa un puente entre las universidades e instituciones de procuración de justicia mediante proyectos de investigación en torno a la transformación de la enseñanza y aprendizaje del derecho.


Esta propuesta parte de la convicción por impulsar a estudiantes a sumarse a la iniciativa de CEJUME, para identificar diversas áreas de oportunidad en sus localidades que obstaculicen el acceso a la justicia para todas y todos, de modo que identifiquen alternativas desde su rol activo como profesionales de la abogacía en formación.


Hoy, en medio de la crisis en materia de salud por el COVID-19, ¿qué representa Semilla CEEAD para las y los jóvenes estudiantes de derecho ante el escenario de nueva normalidad?


A poco más de dos años desde la aparición del COVID-19 en México, no podemos negar que el confinamiento acentuó la crisis entre la población más vulnerable en diversos ámbitos como la salud o economía. En cuanto a la educación, nos dimos cuenta que el uso de la tecnología marcó un ritmo fundamental para lograr que las y los estudiantes de diversos niveles de escolaridad pudieran continuar sus estudios a distancia, enfrentando retos como la intermitente conectividad, la carencia de un equipo de cómputo o un dispositivo inteligente para seguir las clases transmitidas en línea o la obligada adaptación de una sala o comedor en un salón de clase.


Sin embargo, particularmente en el estudiantado que ha formado parte del programa durante esta pandemia, notamos con optimismo que es posible sembrar solidaridad, empatía y deseos de superación si lo acompañamos con una formación integral tanto en lo profesional como en el plano personal, así como de oportunidades para aproximarse a escenarios reales en los cuales pueden conocer (en voz de las y los operadores de justicia) qué se está haciendo para consolidar nuestro sistema de justicia.


Con todo ello, en un futuro próximo, podremos recoger los frutos de su egreso: ejercer la profesión con ética y contribuir a la procuración de justicia.

Te invitamos a participar en la
5ª Generación del Programa Semilla
para el periodo 2022-2023.

¿Cómo se capacita a quienes califican los portafolios de las y los operadores del SJP?

¿Cómo se capacita a quienes califican los portafolios de las y los operadores del Sistema de Justicia Penal?

Erika Canché Góngora

Investigadora en el CEEAD

La evaluación de habilidades que sustenta la Certificación para la Justicia en México (CEJUME) se basa en la valoración del desempeño profesional de operadoras y operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA). Para ello, es necesario desarrollar instrumentos válidos que nos permitan saber con la mayor precisión con qué calidad se ejecutan las prácticas a evaluar, evitando hacer interpretaciones erróneas o descontextualizadas. Por ello, en el CEEAD optamos por una evaluación de portafolios basada en casos.


Una parte importante de la evaluación es identificar cómo se obtiene la información que va a sustentar un juicio de valor. El portafolios se integra a partir de tareas evaluativas, las cuales recogen evidencia de la capacidad de argumentación jurídica, toma de decisiones, comunicación de pretensiones e incluso de resolución de problemas de las y los profesionales que operan el SJPA y del personal capacitador de estos operarios. En la evaluación de portafolios importa lo que la persona sabe y también cómo utiliza el conocimiento para enfrentarse a determinada situación en determinado momento.


El otro elemento fundamental en el diseño del portafolios de evaluación es la construcción de rúbricas a partir de las cuales se valorará el desempeño observado. Las rúbricas de calificación son herramientas de estandarización que proporcionan una medida válida, confiable y basada en artefactos -evidencias de la práctica- (Borko, et. al. 2005) de las personas que sustentan la evaluación y que cumplen con una función formativa. Las rúbricas consisten en matrices, en donde se cruzan criterios de evaluación con niveles de desempeño y en las intersecciones se elaboran descriptores que caracterizan los distintos niveles de desempeño de manera cualitativa.


Para cada tarea evaluativa se construyen rúbricas con varios criterios o cualidades a observar en las respuestas a las tareas evaluativas. Su construcción y uso requieren de la mayor objetividad y fundamentación sobre lo observado, por ello, son desarrolladas por grupos colegiados de expertos con conocimiento y experiencia en el dominio a evaluar.


Evaluar mediante rúbricas representa uno de los mayores retos en evaluación del desempeño profesional, pues su potencial depende en gran medida, del personal calificador, principal usuario de la rúbrica que debe ser un par cuidadosamente seleccionado, capacitado, entrenado y supervisado durante todas las etapas del proceso de valoración (Fig. 1) y calificación de las respuestas, así como de las ejecuciones que observa, con el fin de evitar sesgos y obtener puntuaciones precisas de manera consistente.

Figura 1. Etapas del proceso de capacitación y calificación

Capacitación especializada
Quienes califican las respuestas o ejecuciones producto de las tareas evaluativas requieren de una trayectoria profesional sólida en la función a evaluar la cual, además de permitirles comprender los distintos matices del ejercicio profesional, también les permita aprovechar de su experiencia para dotar de validez este proceso. La capacitación de las personas que van a calificar representa una de las etapas más desafiantes del proceso evaluativo, debido a que para la mayoría de las y los participantes es el primer acercamiento a una rúbrica de calificación, al análisis de prácticas específicas en las cuales ellos son expertos y a la discusión de ejemplos paradigmáticos que han sido seleccionados previamente para provocar discusiones con la finalidad de favorecer la comprensión de lo que se evalúa.


La intención de realizar una capacitación que incorpora ejercicios de calificación de respuestas reales mediante las rúbricas a través de dinámicas de discusión, representa una metodología de trabajo que también tiene la intención de construir colectivamente acuerdos sobre la interpretación y uso de la rúbrica. Dichos acuerdos tendrán un impacto en la estandarización de los juicios de las personas que califican, con ello, en la validez y confiabilidad de la evaluación (Bejar, 2012).


Durante los ejercicios de discusión, el personal calificador tiene la oportunidad de reflexionar sobre sus propios juicios y sobre el de los demás. También, tiene que compartir su interpretación sobre el nivel de desempeño observado y el nivel esperado en cada criterio de la rúbrica. Estos ejercicios colectivos entre calificadores han demostrado ser útiles para reducir discrepancias y sesgos, así lograr un modelo común de juicios alrededor de un mismo criterio y finalmente reflejar ese juicio en un nivel de desempeño. Este intercambio de justificaciones generado durante cada una de las oportunidades de calificar usando la rúbrica ha resultado ser de vital importancia para controlar todos los supuestos, creencias o información alterna a lo que se pretende evaluar.

Durante el seguimiento de este tipo de capacitaciones, quienes han coordinado las distintas sesiones han tenido la oportunidad de notar y atender problemáticas del personal calificador en cuanto a:


  1. La forma en la cual procesan tanto la información de la rúbrica como la que nos brindan quienes sustentan la evaluación
  2. Las creencias preexistentes sobre cómo debe ser la práctica que califican
  3. La forma en la cual valoran determinada información por encima de otra

Tener conocimiento de este tipo de obstáculos nos ha permitido vigilar que las siguientes etapas de monitoreo y calificación sean más pertinentes y precisas.


Calibración durante la capacitación

Cada una de las personas calificadoras tiene experiencias propias, creencias e ideas sobre la práctica a evaluar y ello representa información importante que probablemente tienden a colocar en los juicios de valor que estén asignando. Esta problemática no es simple y pretender eliminar todo tipo de conocimiento previo es prácticamente imposible, por ello esta estrategia de capacitación asume la preexistencia de estos criterios “alternos” a la rúbrica y parte de la consideración de que la mejor forma de apropiarnos de un conocimiento es mediante un uso o aplicación reiterada.


Por ello, se han diseñado actividades de calibración durante la capacitación y durante todo el proceso de calificación. Durante la etapa de capacitación, la calibración consta de ejercicios guiados de uso de la rúbrica diseñados para generar discusiones críticas con la intención de dar oportunidades de familiarización con lo cual mide cada criterio de evaluación, comunicar dónde cada participante ubica el desempeño y cómo lo traduce en un nivel de logro de dicho desempeño.


El objetivo de esta calibración es detectar el grado de apego de quienes califican a los criterios de evaluación de la rúbrica y notar de manera oportuna juicios característicos de un calificador o calificadora muy exigente o muy condescendiente (Gitomer, et al. 2014). Asegurar que la rúbrica es el marco de referencia que norma cada una de las puntuaciones asignadas, es el reto a comunicar. Lograr que las personas calificadoras recurran a la autodetección de sus sesgos durante todo el proceso, es la meta por cumplir.


Hemos aprendido que cuando los períodos de calificación son extensos es muy probable que estos criterios externos a la rúbrica vuelvan a surgir, e incluso, se vayan acumulando debido a la exposición de distintas respuestas observadas en una variedad de contextos. Por ello, durante el proceso de calificación quienes participan realizan frecuentemente la calificación de la misma producción y reciben retroalimentación específica al respecto.


Otras estrategias
Otras estrategias implementadas en el CEEAD, ante el incremento del número de portafolios a calificar y para asegurar el apego a las rúbricas, fue la de crear una figura con la función de coordinar los procesos de calificación. Esta persona también es un par y monitorea todo el proceso desde la capacitación hasta la finalización del proceso de calificación de un grupo determinado de calificadoras y calificadores.


Los aspectos a evaluar en cada una de las rúbricas y el conocimiento de todos los factores que pueden influir en la calificación, son fundamentales para un buen desempeño del personal coordinador. El monitoreo constante de la asignación de niveles de desempeño, así como el análisis de justificaciones brindada por cada persona calificadora, ayuda a detectar sesgos y promover que se asignen niveles de forma precisa y consistente.


Finalmente es importante destacar la importancia de elaborar materiales y herramientas de apoyo tanto en la capacitación como en la calificación. Por ello diseñamos un repositorio en el que tanto personal coordinador como calificador tiene acceso al manual, el cual contiene explicaciones extensas de términos importantes de cada rúbrica, ejemplos paradigmáticos como guía durante las discusiones de capacitación que funcionan como código maestro (master code), pues contiene no solo acuerdos generados en capacitación sino una variedad de ejemplos y justificaciones que ejemplifican los principales atributos involucrados en las rúbricas de calificación.

Bibliografía

  • Bejar, I. (2012). Rater cognition: Implications for validity. Educational Assessment, 31(3), 2-9. 10.1111/j.1745-3992.2012.00238.x
  • Borko, H., Stecher, B. M., Alonzo, A. C., Moncure, S., & McClam, S. (2005). Artifact packages for characterizing classroom practice: A pilot study. Educational Assessment, 10(2), 73- 104. 10.1207/s15326977ea1002_1
  • Engelhard, G. (2002). Monitoring raters in performance assessments. In G. Tindal & T. Haladyna (Eds.), Large-scale assessment programs for all students: Validity, technical accuracy, and implementation (págs. 261-287). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
  • Gitomer, D., Bell, C., Qi, Y., Croft, A. Leusner, D., Mccaffrey, D. & Pianta, R. (2014). Improving observational score quality: Challenges in observer thinking.

El personal de fiscalías y defensorías: la negociación de la suspensión condicional del proceso

El personal de fiscalías y defensorías:

la negociación de la suspensión condicional del proceso

Rogelio Contreras Melara

Investigador en el CEEAD

Hace unos días escuchando un podcast sobre la película “12 hombres en pugna”, reflexionaba algo que los podcasters decían (González & Parra, 2020, 14m 36s) “el juicio por jurado estadounidense es una expresión de justicia democrática y dialógica”. Sin duda, esto mismo puede decirse y en un grado superlativo para la justicia de los métodos alternos de solución de conflictos (MASC).


Permitir que un jurado decida la solución de un caso, es semejante en cierto orden, a lo que ocurre en los procesos de la justicia consensuada, donde las partes implicadas y no un perito en derecho, decide la solución a su conflicto. Títulos como justicia participativa, colaborativa o del acuerdo, solo pueden adjudicarse a los MASC. El juicio por jurado requiere consenso, pero al final, se trata de la justicia de la sentencia.


En 2008 con la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia que implementó el sistema penal acusatorio, la justicia del consenso mexicana tomó brillos que las leyes estatales de MASC en materia no penal infructuosamente intentaron darle, esto le posicionó en la agenda de la política pública y transformó la forma de hacer las cosas en las instituciones de justicia.


A partir del 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (LNMASCP) hablan de dos soluciones alternas: acuerdos reparatorios (AR) y suspensión condicional del proceso (SCP). Para alcanzar un AR los Órganos de MASC de Fiscalías o Poderes Judiciales facilitan una conciliación, mediación o junta restaurativa. Pero, ¿qué ocurre con la SCP?, ¿se realiza algún MASC para concretarla? En esta entrada reflexionaré sobre estas incógnitas.


Entre SCP y AR existe al menos un elemento en común y uno diferenciador, el primero es el pacto para reparar el daño que pueden convenir las personas víctimas e imputadas y el segundo, son las condiciones que deberá cumplir la persona imputada, las cuales pretenden favorecer un entorno de vida alejada del delito, la cual le brinde mayor seguridad a la víctima y en general a todas las personas. Estas condiciones son una auto-sanción que la persona imputada puede solicitar y será un tribunal el encargado de dictarla.


Esto nos habla de dos soluciones alternas que podríamos tildar de parientes cercanas. En ambas hay posibilidad de pactar sobre la reparación del daño, abriendo las puertas a la justicia del consenso. Por parte de las condiciones, la participación de la víctima puede ayudar a filtrar su pertinencia y evitar que eventualmente esta se oponga. En ambos elementos de esta figura hay posibilidad de un proceso dialógico.


Este razonamiento subyace en el “Modelo Homologado de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana”, un referente normativo diseñado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que promueve en las fiscalías los MASC de la LNMASCP para la concreción del plan de reparación y la propuesta de condiciones de la SCP.


Hasta hace algún tiempo pensaba que la mejor manera de concretar una SCP era a través de la participación del personal facilitador, debido a que su formación especializada daría pauta al proceso dialógico de los MASC, aún considero esa opción como óptima y me parece necesario explorar más alternativas.


Metodológicamente pueden existir varios caminos para concretar una SCP:


  1. La negociación directa entre las partes implicadas en el caso con la asesoría de quienes les representan judicialmente
  2. La negociación indirecta, donde fiscalía y defensa pactan en nombre de las personas implicadas en el caso
  3. La facilitación del conflicto con la intervención de una persona especialista en MASC


En la práctica la reparación del daño y posibles condiciones de la SCP suele concretarse a través de conversaciones entre fiscalía y defensa con la anuencia de la víctima e imputado(a), a veces en conversaciones privadas y en algunos casos, en conversaciones que se llevan a cabo minutos antes de una audiencia judicial o durante la misma.


A pesar de que la LNMASCP descartó la negociación entre sus MASC, esta es el MASC por excelencia y parecería que la forma de acordar los puntos de la SCP es una negociación indirecta en donde profesionistas del derecho toman la voz por sus representadas(os), como resultado el personal dedicado a la litigación y no a los MASC abanderan la generación del consenso requerido para la SCP.


Patton (1995), uno de los creadores del modelo de negociación basado en intereses de la escuela de derecho de Harvard, expresa al respecto: “negociar es más que un intercambio de concesiones”. Me pregunto si las y los profesionistas de fiscalías y defensorías que concretan el consenso para la SCP son conscientes de que llevan a cabo un proceso de negociación. Por otra parte, de los planes curriculares asociados a este personal parece que la negociación es una temática ajena a su estudio.


Hasta donde sé, Fiscalías y Poderes Judiciales no encuentran razones para dedicar a su personal facilitador en asuntos de SCP, porque la LNMASCP únicamente alude a esta figura de una manera general en su artículo 1. Además, disponer del personal facilitador para estos asuntos impacta en la carga laboral, su formación, en sus procesos de gestión, así como en la medición del desempeño.


Hoy, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) desarrolla el proyecto Certificación para la Justicia en México, CEJUME (https://cejume.mx/) “para fortalecer los procesos internos de formación y profesionalización de las instituciones que integran el sistema de justicia”. Quizá sea buena idea revisar qué formación se imparte al personal de Fiscalías y Defensorías encargadas de atender la SCP y considerar capacitarles en negociación. Esto puede significar una mejoría en la atención de las y los ciudadanos que pasan por una SCP, cuya situación jurídica ponen en manos de este personal.

Bibliografía

  • Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (5 de marzo de 2014). Código Nacional de Procedimientos Penales. D.O.F. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_190221.pdf
  • Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. ( 29 de diciembre de 2014). Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. D.O.F. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_200521.pdf
  • González, J., & Parra, N. ( 26 de junio de 2020). 12 Angry Men (1957) [Episodio de podcast de audio]. El derecho por fuera del derecho. Spotify. https://open.spotify.com/show/0uA8lj98AC8mnfLEWrXmeR
  • Horvitz, M. & López, J. (2003). Derecho Procesal Penal Chileno, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile.
  • Houed, M. (2007). De la suspensión del proceso a prueba o de la suspensión condicional de la persecución penal. Análisis de Derecho Comparado con especial referencia a los sistemas procesales de Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Instituto de Estudio e Investigación Jurídica.
  • Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana. https://secretariadoejecutivo.gob.mx//SJP/Modelo%20Homologado_MASC_UAT%2005-07-2018_VF.pdf
  • Redacción El Tiempo . (19 de marzo de 1995). No siempre es necesaria la negociación. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-27313

El orígen y la deuda con la figura de la Asesoría Jurídica Victimal

El orígen y la deuda con la figura de la Asesoría Jurídica Victimal en México

Mharja Zazueta, Daniela Covarrubias, Paola Fernández y Roberto Rodríguez

Investigadoras en el CEEAD

Si bien a partir de la transición del sistema inquisitivo al sistema acusatorio en México, con la redefinición del sistema de justicia penal (SJP) en el contrato social (García Ramírez, 2008, pág. 522), el papel de la asesoría jurídica victimal como actora sustantiva cobró mayor relevancia. Esta figura tiene algunos antecedentes que son importantes tomar en consideración para entender el orígen y sus implicaciones en el proceso penal.


En 1993, con la reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció dentro de los derechos esenciales de las víctimas el recibir asesoría jurídica. Esta adición dio pie a reformas operativas en las Procuradurías de Justicia, entre ellas la creación de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad en el Distrito Federal, quienes se encargaron del desarrollo de esta facultad. En enero de 2008, a partir de la promulgación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal, se incorpora la figura de “abogada victimal” como un mecanismo y estrategia dirigida a aquellas mujeres en una condición de mayor vulnerabilidad y riesgo. Ellas serían las encargadas de representar legalmente a aquellas que no pudieran contratar los servicios de alguna abogada o abogado particular (Rodríguez Campos y Castillo Espinosa, 2019, págs.16-20).


Las abogadas victimales se encontraban adscritas al Sistema de Auxilio a las Víctimas del Delito y sus funciones estaban dirigidas, preponderantemente, al trámite de las medidas de protección y a dar seguimiento al caso para la orientación a las víctimas, pero no se les reconocía como parte procesal (Rodríguez Campos y Castillo Espinosa, 2019, pág. 21). Fue hasta el nacimiento del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en octubre del 2011, que se redefinieron las funciones encomendadas a las abogadas y abogados victimales a la orientación, asesoría y representación (art. 78, fr. II, a). En 2013 con la reforma a la Ley General de Víctimas y en 2014 con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, la figura de asesoría jurídica victimal surge como parte procesal, con atribuciones más amplias que les permite tener una participación activa en el proceso penal en representación de las víctimas.

Desde su origen han habido algunas complejidades para definir sus funciones y su alcance. Sin embargo, desde su aparición, la responsabilidad de velar por el respeto de los derechos de las víctimas ha sido el tema central. Es importante resaltar que dichas funciones no son supletorias de la potestad que tienen las víctimas de intervenir directamente en el proceso penal, sino que son complementarias, es decir, la víctima puede actuar por sí o a través de la o el asesor jurídico.


No obstante, las y los asesores han sido entendidos por el resto de las partes en el proceso penal como poco importantes, con un papel más instrumental que indispensable, nos interesa resaltar que este falso entendimiento ha permeado en el rol que adoptan, en la infraestructura destinada a esta figura y en que, a la fecha, las víctimas tengan poco involucramiento activo en el proceso penal.


Desde su origen han habido algunas complejidades para definir sus funciones y su alcance. Sin embargo, desde su aparición, la responsabilidad de velar por el respeto de los derechos de las víctimas ha sido el tema central. Es importante resaltar que dichas funciones no son supletorias de la potestad que tienen las víctimas de intervenir directamente en el proceso penal, sino que son complementarias, es decir, la víctima puede actuar por sí o a través de la o el asesor jurídico.


No obstante, las y los asesores han sido entendidos por el resto de las partes en el proceso penal como poco importantes, con un papel más instrumental que indispensable, nos interesa resaltar que este falso entendimiento ha permeado en el rol que adoptan, en la infraestructura destinada a esta figura y en que, a la fecha, las víctimas tengan poco involucramiento activo en el proceso penal.


A partir del proyecto Certificación para la Justicia en México (CEJUME), en el CEEAD nos hemos propuesto diseñar e implementar modelos de certificación de competencias profesionales dirigidos a las y los operadores del SJP con perfiles de agente del Ministerio Público, Defensa Penal, personal facilitador de los mecanismos alternativos de solución de controversias, asesoría jurídica de víctimas y personal capacitador de estos perfiles. Actualmente, estamos diseñando el modelo de certificación para asesoría victimal, de manera que ha sido importante reflexionar sobre los retos de este perfil que derivan de la complejidad de su participación.


Por ello, nos propusimos hacer una breve investigación que nos permitiera explorar sobre el estatus de las instituciones públicas encargadas de la asesoría jurídica de víctimas en cada una de las entidades de la república mexicana. El propósito inicial de esta exploración era conocer, no solo cómo se encontraba instituida, sino cuáles son sus modelos de organización y gestión. Comenzamos con un proceso de búsqueda sencillo, el que haría cualquier ciudadana o ciudadano con acceso a internet y conocimientos esenciales en uso de tecnologías como colocar nuestra búsqueda en el servidor. Es decir, colocando en el espacio frases como “asesoría jurídica de víctimas en San Luis Potosí”, “asesoría jurídica pública en Querétaro”, “asesoría pública de víctimas en Tlaxcala”, entre otras. Nos encontramos frente a vacíos de información en distintos Estados. Posteriormente, hicimos una búsqueda en las páginas de las fiscalías estatales y defensorías públicas.Nuevamente, en la mayoría de las páginas no encontramos información. Adicionalmente, comprobamos que, a la fecha, cada estado cuenta con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), aunque muchas son de reciente creación.


Los datos que a continuación presentamos son resultado de una segunda fase de investigación realizada con el apoyo de la Red de Representantes Locales del proyecto CEJUME. Cada representante local se dio a la tarea de identificar qué unidad, dirección, coordinación o dependencia autónoma o perteneciente a las fiscalías o defensorías se encargaban de desarrollar esta función en el SJP. De esta forma, pudimos aproximarnos a los modelos de organización que predominan en dichas instancias.


  • La mayoría de las personas que realizan la representación participan en todas las etapas del procedimiento desde que se realiza el nombramiento.
  • A partir de notas de periodico, opiniones, comentarios, etc., se sabe que en la mayoría de las fiscalías existen unidades, direcciones o coordinaciones de AJV, sin embargo, en las páginas e información oficial no aparecen.
  • Las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) comparten modelos de organización que dividen al personal entre quienes orientan y quienes realizan la representación.
  • Solamente 26 entidades cuentan con Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y las 32 entidades cuentan con Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas del fuero federal.
  • En 24 Estados logramos identificar la presencia de unidades, direcciones o coordinaciones dependientes de las fiscalías locales que atienden directamente asesoría jurídica victimal. Específicamente, 14 Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) cuentan con un área específica de asesoría victimal.
La primera conclusión a la que llegamos es que, si bien la mayoría de los estados cuentan con algún tipo de asesoría jurídica para las víctimas, la información de donde se encuentra no está al alcance de toda la ciudadanía. Esto se traduce en que las personas no sepan a donde y con quien acudir cuando son víctimas de un delito o de una violación a sus Derechos Humanos. La segunda conclusión es que falta homologación, tanto en las denominaciones de las dependencias que asesoran a las personas víctimas, como en la infraestructura de las asesorías jurídicas victimales. De nueva cuenta, se limita su acceso a las personas que han sido víctimas, en tanto desconocen desde el lugar y la persona que podrá atender su caso, hasta su denominación, procesos y alcances de su actividad. Lo cierto es que la consolidación de la figura de asesoría jurídica de víctimas en México todavía tiene un largo camino que recorrer. Es un punto medular poner al alcance de todas y todos los centros de atención a víctimas. Los retos de su origen, aún permanecen en deuda.

Bibliografía

  • García Ramírez, S. (2018). La reforma penal constitucional. Porrúa. México.
  • Rodríguez Campos, C. y Castillo Espinosa, M. (2018). El asesor jurídico y su intervención en el sistema penal mexicano. Tirant to Blanch. México

La asesoría jurídica victimal en el proceso penal

La asesoría jurídica victimal en el proceso penal

Mikaela Sazhnev Romero

Integrante del Programa Semilla

Estudiante del 5º semestre de la licenciatura en derecho en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa


El derecho a una defensa adecuada es fundamental para lograr el acceso a la justicia, no solo desde la perspectiva de la persona señalada como probable responsable del delito, sino también de la propia víctima. El derecho a una defensa adecuada se satisface en la medida en que se hacen valer los derechos dentro del procedimiento penal. Se puede decir que es un vehículo que ayuda a quien participa en un procedimiento penal para que pueda ejercer los derechos procesales que le correspondan, por ejemplo, a la reparación del daño, a la impugnación de resoluciones, a coadyuvar con el Ministerio Público, entre otros.


Para asegurar que la defensa se lleve a cabo de manera adecuada, deberá ser ejercida por una persona que sea licenciada en derecho con su respectiva acreditación. Inclusive, el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de que la autoridad jurisdiccional remueva del cargo a la o el profesionista con la finalidad de designar a alguien que sí garantice los derechos de la persona imputada.


A partir de la reforma penal de 2008, los derechos de las víctimas se encuentran consagrados en el art. 20 apartado C de la Constitución. Sin embargo, en muchos casos dichos derechos solo quedan en el papel, al verse obstaculizado el camino al acceso a la justicia, como en el derecho a la reparación integral del daño (Covarrubias Flores, 2014, pág. 393). Existen casos en que las personas que tienen la calidad de víctimas no están siendo representadas por una persona asesora jurídica que en realidad haga valer sus derechos, que asesore correctamente a la víctima y que tome en cuenta sus intereses; sino que muchas veces tiene una actitud pasiva, casi subyugada a la dirección del Ministerio Público.


Por lo tanto, hay que establecer una diferencia entre lo que podríamos llamar una defensa material, sustantiva, efectiva, y una defensa meramente formal en un proceso penal. En el amparo directo en revisión 1182/2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resolvió que, la defensa formal significa que basta con que seas defendido por una persona que acredite el título de Derecho ante la autoridad jurisdiccional, mientras que la defensa material implica que la persona encargada de la defensa, además, solicite la realización de actos de investigación, aporte pruebas, realice argumentos, participe activamente en audiencias, solicite ajustes e interponga recursos cuando la ley lo permita, entre otros (párr. 98).


Se requiere que la persona asesora jurídica, además de contar con un título de licenciatura en Derecho, tenga los conocimientos técnico-jurídicos necesarios para salvaguardar los derechos de la persona víctima. En caso contrario, podría obstaculizar el acceso a la justicia de la víctima (Cruz Barney, 2014, pág. 59). No obstante que con el nombramiento de una persona profesionista en Derecho se cumple con el carácter formal del derecho de defensa, esto no significa que se esté cumpliendo sustantivamente con la protección y garantía de ese derecho.


Para superar esta ficción de cumplimiento y que la víctima cuente con una representación victimal adecuada, es necesario que, efectivamente, se lleven a cabo actuaciones que sean diligentes y adecuadas para garantizar los intereses y necesidades de la o las víctimas. En el Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015) señaló que para que el cumplimiento y protección del derecho a una defensa adecuada sea real y no ficticio, es necesario que el o la profesionista ejerza una defensa técnica y que sus actuaciones sean tendientes a garantizar un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios (párr. 157). Si bien esta sentencia, como la mayoría de los materiales que se han desarrollado alrededor de la defensa adecuada, hacen alusión a quienes ejercen la defensa penal de las personas imputadas, estos estándares son también aplicables a la figura de asesora o asesor jurídico.

Cuando una persona es víctima de algún delito es importante preguntarse: ¿las actuaciones de la autoridad jurisdiccional y de su asesoría jurídica son determinantes para garantizar efectivamente sus derechos? Desde mi perspectiva diría que sin duda lo son, ya que mediante una debida capacitación a quienes, de manera oficial o privada, intervienen en el procedimiento penal representando a las personas víctimas, es posible garantizar de manera completa esos derechos que nuestra Constitución reconoce.


Las instituciones de asesoría jurídica victimal y las propias asesoras y asesores deben tratar de prepararse correctamente para contar con los conocimientos y habilidades necesarias, ya que tener un título universitario por haber cursado la licenciatura en Derecho no quiere decir que se domina la materia y ni que se cuente con las suficientes herramientas técnicas.


Es necesario un cambio en la concepción de las víctimas, y por ende de quienes las representan, dejando en claro que no son accesorios de la Fiscalía y bien pueden o no coincidir con sus objetivos o estrategias para el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, en el supuesto de que una mujer denunciara que su ex novio llegó a su domicilio insultándola y amenazado con matarla, que la sujetó del cabello y dirigió su cabeza contra una pared, frenando estos actos cuando una amiga de la víctima llegó a dicho domicilio. Frente a este caso, pueden existir posturas distintas en cuanto a la tipificación de los hechos; para la Fiscalía dichos actos podrían encuadrar en el delito de violencia familiar, mientras que para la víctima y su representación victimal se trata de feminicidio tentado, ya que para la víctima era claro que el propósito de su agresor era asesinarla y que la llegada de su amiga fue la que impidió que el agresor cumpliera su propósito. De manera que la postura y actuaciones que realice la asesoría jurídica, a través de los datos de prueba e intervenciones en el procedimiento, podrían demostrar que en realidad la persona imputada cometió el delito de tentativa de feminicidio y no el de violencia familiar.


Como lo vemos en el supuesto planteado, la Fiscalía tiene la acción pública, pero también hay intereses particulares de la víctima que deben ser tomados en cuenta y traducidos en el proceso penal. Podemos afirmar con toda certeza que estamos en la vía correcta. No obstante, la implementación o la garantía de estos derechos depende de cómo actúan quienes participan en los procesos penales, y eso va estrechamente ligado a la capacitación.


Se debe dotar a la víctima de mayores herramientas para exigir justicia y la reparación integral del daño ocasionado y no, necesariamente, enfocarse en la sanción penal. El derecho a la coadyuvancia de la víctima, todavía no ha alcanzado la importancia que debiera tener en el procedimiento penal, siendo en muchas ocasiones dejada a un lado por la fiscalía, sin tomar en cuenta su trascendencia en la garantía al acceso a la justicia.


Las actuaciones de las y los asesores jurídicos trascienden a las víctimas en la medida en que su idoneidad y pertinencia pretenden garantizar sus derechos e intereses en su búsqueda de justicia.

Bibliografía

  • Covarrubias Flores, H. (s.f.) Los Derechos de las Víctimas. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 380-398. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33522.pdf
  • Primera Sala de la Suprema Corte, Contradicción de de tesis 405/2017, con el rubro DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 935, Registro núm. 29104.
  • Cruz Barney, O. (2014) El Código Nacional de Procedimientos Penales y la Defensa a la Defensa. Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, (23-24). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/view/8856/10907
  • Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015, octubre 5). Caso Ruano Torres y Otros Vs. El Salvador. Resumen Oficial Emitido por la Corte Interamericana de la Sentencia de 5 de octubre de 2015. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_303_esp.pdf

La reforma judicial y la democratización de la justicia

La reforma judicial y la democratización de la justicia

Rosa Hilda Rojas Pérez

Representante local de Veracruz, Proyecto CEJUME.


El 11 de marzo de 2021 se publicó el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación (PJF). El artículo 100 señala que:

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones aplicables.


El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición.

De acuerdo con la presentación de la consejera Loretta Ortiz Ahlf, su objetivo radicó en “lograr una mayor legitimidad ante la sociedad, así como actualizar y perfeccionar su marco normativo para garantizar una justicia de calidad, dentro de un esquema de fortalecimiento institucional y acercamiento directo de la justicia a la sociedad” (Trejo Grivellaro y Lara Peraza, 2021).


Posteriormente, en el marco de esta reforma, el 7 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación (LCJPJF).


De acuerdo con esta ley, la función de seleccionar y promover a los funcionarios judiciales recae en los Consejos de la Judicatura. Tanto a nivel federal como local, estos órganos de gobierno judicial han creado un sistema de organización, administración y profesionalización de recursos humanos conocido como carrera judicial, el cual tiene como objetivo asegurar que la labor judicial se desarrolle de manera independiente y eficiente.


La LCJPF, entre otras cosas, vino a establecer las etapas de la carrera judicial: ingreso, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del PJF. Así mismo, señala, que cualquier persona puede ingresar a la carrera judicial a través de los concursos abiertos de oposición para ocupar la categoría de oficial judicial que se realicen por la escuela judicial, y mediante concursos abiertos de oposición para la designación de juezas o jueces de distrito, lo que significa, en este caso, que los concursos no solamente pueden ser abiertos, sino también internos.

Los concursos de oposición para la designación de magistradas y magistrados de circuito serán internos y comprenderán una primera etapa, consistente en la aplicación de un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa. Para las etapas subsecuentes, a la escuela judicial le corresponde la capacitación y actualización del personal del Instituto Federal de Defensoría Pública, así como la realización de los concursos de oposición para personas defensoras públicas y asesoras o asesores jurídicos.


Si el propósito de la reforma constitucional es lograr una mayor legitimidad ante la sociedad, a partir del fortalecimiento institucional y la actualización y perfeccionamiento de su marco normativo, para garantizar una justicia de calidad y con mayor cercanía a la sociedad, es importante preguntarnos cuál es la relación que guarda con la democracia, y si ella nos lleva a un proceso de democratización de la justicia. En este sentido, es necesario que entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de democracia y de democratización.


Hablar de democracia es pensar en política, es decir, en esa práctica o actividad colectiva que regula los conflictos entre los miembros de una comunidad y hace que las decisiones que resultan de la misma sean obligatorias para sus integrantes. Así mismo, significa que se reconoce la dignidad del ser humano, los derechos de las personas, se promueve la toma de decisiones respetando las diferencias, la pluralidad y la diversidad, impulsando el respeto a la ley y a las libertades de cada uno. De manera que la democracia es, al mismo tiempo, un ideal, un régimen político y un conjunto de valores, actitudes y creencias (INE-IIJ UNAM, 2020).


La democratización se concibe como la renovación de las formas de participación y el desarrollo de la autonomía o capacidad de autodeterminación. De Sousa Santos (2006 citado. en Aragort, 2007), afirma que el proceso de democratización consiste, no solamente en democratizar el Estado, sino también la esfera no estatal, argumentando que “sólo la convergencia entre estos dos procesos de democratización permite reconstruir el espacio público de la deliberación democrática” ( pág. 71).


Ninguna de las 32 entidades federativas cuenta con una ley de carrera judicial. Si bien, algunos poderes judiciales han emitido algunos reglamentos o acuerdos específicos, en la mayoría de los casos, esta normativa se enfoca sólo en algunos procesos de la carrera y no la regula como un cuerpo integral, lo cual hace tambalear la legalidad y certidumbre jurídica en este tema (México Evalúa, 2021). A partir de esta reforma judicial, aún existen retos por cumplir, como la evaluación del desempeño de capacidades del personal del poder judicial, y de las personas con cargo de defensa pública y asesoría jurídica, quienes dependen de la escuela judicial y que podrían tomar como referencia los esfuerzos que el proyecto Certificación para la Justicia en México ha realizado.


Es prematuro adelantar los resultados de la reforma judicial, sin embargo, estoy convencida de que se inicia una etapa de democratización de la justicia que deberán seguir las entidades federativas, cuyo desarrollo democrático es mínimo, como en el caso de Veracruz (IDDMEX, 2021).


El tema de la democratización del poder judicial no es nuevo. Desde 2019 el presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que: “sin una Justicia independiente del poder político, no hay República ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten”, y agregó “nunca más es nunca más. Porque una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada” (Benente, 2020).

Bibliografía

  • Aragort Solórzano, Y. (2007). Democracia, proceso de democratización y espacialidad de poder. Aldea Mundo 23(12), 69-74. https://www.redalyc.org/pdf/543/54302308.pdf
  • Benente, M. (2020, 9 de agosto). Democratizar, esta vez sí, al Poder Judicial. Nuestras voces Periodismo ciudadano. https://www.nuestrasvoces.com.ar/genera/democratizar-esta-vez-si-al-poder-judicial
  • IDDMEX (2021). Perfiles de Estados. Índice de Desarrollo Democrático de México. https://idd-mex.org/perfiles-estados/
  • INE e IIJ-UNAM (2021). ¿Qué es la democracia? Faro Democrático. https://farodemocratico.juridicas.unam.mx/que-es-la-democracia/#tri-tema-1
  • México Evalúa (2021). 20 recomendaciones para consolidar la carrera judicial. https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/05/carrera-judicial-final.pdf
  • Trejo Grivellaro, R. y Lara Pedraza, G. (2021, abril 26). Breve radiografía del Poder Judicial de la Federación a la luz de la reforma judicial. El juego de la Suprema Corte. Nexos. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/breve-radiografia-del-poder-judicial-de-la-federacion-a-la-luz-de-la-reforma-judicial

Conferencia magistral de Alberto Binder

¿Por qué cuesta tanto enseñarle a las y los operadores del sistema de justicia penal las destrezas profesionales que requiere su función?

Alberto Binder

Abogado y doctor en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en Derecho Procesal Penal de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional San Juan Bosco de la Patagonia.


Es fundador y presidente del INECIP, así como miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Forma parte de la Comisión directiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Ha sido asesor técnico en los procesos de reforma judicial en diversos países de América Latina y consultor de organismo internacionales en reforma judicial

En el marco del primer encuentro CEJUME, realizado el pasado 13, 14 y 15 de octubre, se desarrolló la conferencia magistral de Alberto Binder. En este espacio el Dr. Binder desarrolló algunas pautas para elaborar un marco de interpretación que pueda responder a la pregunta: ¿Por qué cuesta tanto enseñarle a las y los operadores del sistema de justicia penal las destrezas profesionales que se requieren para su función?

De los derechos humanos a la dogmática penal

De los derechos humanos a la dogmática penal

Roberto Rodríguez Castañeda

Investigador en el CEEAD

Paola Fernández Lozano

Investigadora en el CEEAD

Clemente Orozco, J. (1941). La justicia

Desde los primeros documentos constitucionales -como la Constitución de Estados Unidos de América y la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano- han estado presentes derechos como la inviolabilidad del domicilio y la prohibición de penas crueles, así como los principios de presunción de inocencia, publicidad y prontitud en la resolución de asuntos penales. Estos derechos (o principios) se han convertido en límites al poder punitivo del Estado, que han irradiado a las constituciones modernas, convirtiéndose en partes esenciales de las cartas de derechos.


En el caso mexicano, esto puede verse reflejado en la parte dogmática de la Constitución mexicana. De su lectura y análisis, podemos identificar que dichos principios guardan una relación sustancial con el derecho procesal penal, que demarca sus límites y el campo de juego en el cual puede operar. Es decir, la misma Constitución establece reglas concretas y parámetros que deben regir al proceso penal. Sin embargo, esto no ocurre en el derecho sustantivo penal, con respecto a la dogmática penal. De aquí que nos interesa colocar una pregunta que vale la pena no obviar: ¿guardan relación los principios constitucionales con la dogmática penal?


Nos adelantamos respondiendo que sí. En términos generales, la Constitución no podría detenerse a establecer parámetros para cada caso y responder al análisis dogmático del catálogo de delitos; de manera que enuncia -quizá, de manera abstracta- los derechos con los que contamos todas las personas, los principios que devienen de éstos y sus márgenes. Es decir, no podemos disociar la dogmática penal de las obligaciones que devienen de los derechos humanos. La dogmática penal no escapa a los principios constitucionales.


Desde la perspectiva de Robert Alexy (2009), los principios iusfundamentales valen tanto para la relación entre el Estado y la ciudadanía, como para todos los ámbitos del derecho. Se genera un “efecto de irradiación” de los derechos sobre todo el sistema jurídico, incluida la parte sustantiva del derecho penal (pág. 6). Pero como señalábamos, estos principios iusfundamentales o derechos humanos, no están redactados a manera de reglas concretas que nos dicen qué hacer caso por caso, sino que su redacción abierta nos obliga a tener que interpretarlos.


Hasta este punto podemos arribar a dos conclusiones preliminares. La primera es que los derechos humanos demarcan límites y plantean marcos interpretativos que garantizan el máximo respeto a los derechos de las personas. La segunda es que la dogmática penal no escapa de estos límites. Por ello, a la dogmática penal no se le puede estudiar como una rama aislada, pues no se encuentra fuera del campo de irradiación de los derechos humanos.


Ahora, la siguiente pregunta que hay que plantear es, ¿cómo trasladamos estas conclusiones teóricas a la práctica? Para ejemplificar, imaginemos el siguiente caso:


Una mujer es violentada física y emocionalmente por su marido, dicha violencia incrementa cada fin de semana que él sale a beber con sus amigos. Uno de esos fines de semana, él llega a su casa, ve a la mujer en la cocina, comienza a insultarla, la sujeta de uno de los brazos jalandola hacia él; ella toma un cuchillo que estaba en la mesa y lo apuñala en la espalda para salir corriendo del lugar.

Si se realiza un análisis dogmático de las lesiones ocasionadas al marido, en términos generales, la fiscalía deberá analizar si existió una conducta, si dicha conducta es típica y antijurídica, e identificar si quien cometió esa conducta es penalmente responsable. En ese órden de ideas, podemos afirmar que la persona activa (la mujer) realizó una acción (apuñalar con un cuchillo) que provocó una alteración en la salud física de la persona pasiva (el marido). Esta conducta es típica, dado que está prevista en la normativa penal y que se obtuvo como resultado la lesión al bien jurídico (integridad personal) que protege esta norma.


Ahora bien, si pasamos al análisis de la antijuridicidad será importante identificar si se actualiza alguna causa de justificación. Si se atiende a un sentido estricto de este elemento, sin tomar en cuenta una perspectiva de género y de derechos humanos, se podría concluir que no se actualiza una causa de justificación. Y, de manera concreta, si se atendiera a revisar si la mujer actuó en legítima defensa o ante un estado de necesidad, podría señalarse que no, puesto que en ese momento no se repelió una agresión mediante un medio racional, no había un peligro, y que, por lo tanto, la mujer cometió el delito de lesiones.


Sin embargo, si nos tomamos los derechos en serio, la conclusión es totalmente diversa. La legítima defensa deberá interpretarse desde, por ejemplo, los derechos a una vida libre de violencia, a la integridad y a la seguridad que tienen todas las mujeres. Desde esta óptica, no puede entenderse el repeler una agresión real, actual o inminente, y sin derecho (o ilegítima); la necesidad de la defensa; y la racionalidad de los medios empleados, en un sentido restrictivo.


Tomar en serio los derechos supone, por ejemplo, que la agresión ilegítima debe de ser interpretada desde la vivencia de la mujer y no desde el orden social patriarcal que impone formas de actuar, a partir de la vivencia masculina. También supone que la inminencia o actualidad de la lesión debe interpretarse tomando en consideración que, tanto en los delitos de violencia familiar como en aquellos donde el género juega un papel, tienen una consumación permanente. Se puede actuar en legítima defensa en cualquier momento de la agresión, porque la agresión siempre es actual, pues el agresor mantiene activamente la lesión al bien jurídico durante el tiempo. Respecto a la racionalidad del medio empleado, es necesario analizar el contexto de la violencia e identificar las alternativas que tenía la mujer para repeler dicha agresión, de nuevo, desde su vivencia y no desde el orden social patriarcal que se ha trasladado a los sistemas jurídicos. Es decir, la mujer realizó una conducta considerada como delito, pero actuando en legítima defensa.

En su recomendación No. 1, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (2018), ha realizado un análisis de la legítima defensa en casos de mujeres víctimas de violencia, que enfrentan cargos por haber agredido a sus victimarios, estableciendo parámetros para la valoración de la prueba con perspectiva de género en estos supuestos. Te recomendamos consultarla para profundizar en el tema.

Como vemos, el análisis de la dogmática penal desde los derechos humanos, implica realizar un análisis crítico e integral del hecho delictivo, a partir de la realidad de los fenómenos, como en el caso de la violencia y discriminación contra las mujeres. Por ello, la interpretación de la legítima defensa tendría que estar encaminada a tomar en consideración los aspectos que hemos destacado. De esta manera la legítima defensa, en tanto derecho subsidiario, deberá ser vista a partir del carácter desigual en el que interactúan las personas. La legítima defensa es solo una de las implicaciones que pueden analizarse en los elementos positivos y negativos del delito, desde una óptica de derechos humanos. Es importante no olvidarnos de que, tanto el derecho procesal penal, como la dogmática penal son manifestaciones de la sociedad, que no escapan de construir un discurso que reproduce roles, estereotipos o desigualdades. Por la misma razón, no escapan de estar sujetos a transformaciones e interpretaciones más amplias, que garanticen los derechos humanos de todas las personas.

Bibliografía