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Política de persecución penal y servicio profesional de carrera

Iván de la Garza Santos

Especialista en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y socio de Fortis Consultores

En los últimos años el tema de la política de persecución penal (PPP) ha cobrado una particular importancia como parte de las discusiones sobre seguridad y justicia en México y el proceso de implementación del sistema penal acusatorio. Aunque con distintas denominaciones, algunas fiscalías locales, así como la federal, han avanzado en la emisión de documentos que buscan enfocar sus actividades de investigación y persecución penal hacia ciertos tipos de delitos o fenómenos criminales.


Además de la variedad en el nombre, todos estos documentos tienen una distinta extensión y alcance. A pesar de las diferencias, comparten una idea común: la necesidad de pasar de una persecución penal reactiva e improvisada hacia una que sea proactiva y estratégica, que se distinga por la definición de objetivos y priorización de fenómenos criminales.


Para que esta visión transformadora se convierta en una realidad que ayude a disminuir la impunidad y a tener un sistema de justicia penal eficaz, no basta con la emisión de una PPP. Es necesario que las fiscalías realicen cambios profundos en la forma en que trabajan y se organizan.


Desde cómo se determina la especialización de unidades de investigación y litigación hasta la elaboración del presupuesto, la transición hacia una persecución penal estratégica tiene impacto en muchas dimensiones. En las siguientes líneas abordaré una dimensión que con frecuencia se pasa por alto: la importancia del servicio profesional de carrera (SPC) en el diseño e implementación de una PPP. El estudio elaborado por CEJUME El servicio profesional de carrera ministerial como una herramienta para la consolidación del sistema de justicia penal (CEEAD, 2021), permite comprender esta relación.


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Para analizar el estado actual del SPC en las fiscalías y procuradurías de México, este reporte toma como marco de referencia el Modelo de gestión de recursos humanos utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo a este modelo, el SPC es un sistema que se compone de los siguientes ocho subsistemas: 1. planeación, 2. organización del trabajo, 3. gestión del empleo, 4. gestión del rendimiento, 5. gestión de la compensación, 6. gestión del desarrollo, 7. gestión de las relaciones humanas y sociales y 8. organización de los recursos humanos. A continuación, abordaré la relación de la PPP con los tres primeros subsistemas y en una segunda entrada haré lo mismo con los restantes.


Planeación

Elaborar una PPP implica un complejo ejercicio de planeación institucional, en el que se definen los objetivos estratégicos de la investigación y persecución penal, así como los medios para alcanzarlos.


Ahora bien, supongamos qué ya se diseñó una PPP, ¿cómo pasamos del papel a los hechos, de las expectativas a la realidad? Se necesitan personas que materialicen el trabajo. ¿Pero cuántas personas y de qué perfil? ¿Se requieren todas en el mismo momento o pueden irse incorporando de forma gradual? ¿En dónde será asignado este personal? Estas preguntas no pueden responderse de forma homogénea para todas las fiscalías. Lo que sí es necesario es que la respuesta sea producto de un proceso en donde la planeación de la PPP se relacione con la planeación de los recursos humanos. No se trata de pedir más agentes del Ministerio Público, más peritos o más policías ministeriales, sino de plantear y justificar esta demanda conforme a un esquema de planeación estratégica vinculado a las necesidades de la PPP.



Organización del trabajo

El proceso de implementación de la PPP exige la creación de nuevas áreas especializadas en el Ministerio Púbico. Esta especialización debe corresponder con las prioridades marcadas en los objetivos estratégicos y va más allá de la división tradicional basada en delitos.


Así, por ejemplo, con el propósito de tener un mejor control de la carga de trabajo se pueden especializar áreas que impulsen preponderantemente la suspensión condicional del proceso, como sucede en algunas de las fiscalías que han adoptado lo que genéricamente se denomina como unidades de tramitación masiva (De la Garza Santos, 2020). También, se podría buscar la especialización de áreas encargadas de la investigación y litigación de los aspectos financieros y patrimoniales de los casos, enfocándose en decomisos y extinciones de dominio.

Solamente con una adecuada organización del trabajo se podría considerar seriamente la adopción de este enfoque de especialización. Se requieren procesos claros, definición de puestos y de funciones, así como de los conocimientos y habilidades necesarias para su ejecución.


Gestión del empleo

Una vez que sabemos cuántas personas y qué perfiles requiere una fiscalía conforme a su PPP, así como las funciones y competencias para la ejecución de los puestos, es necesario definir cuáles serán las fuentes para la obtención del recurso humano. Con frecuencia esta cuestión es resuelta pensando en el reclutamiento externo (auxiliares, agentes del Ministerio Público, etc.) lo cual es adecuado, pero insuficiente. La gestión del empleo debe dar certidumbre sobre la manera en que se regula el ingreso, salida y movimiento del personal, de tal forma que se pueda aprovechar su talento y garantizar su desarrollo.


Además de la importancia que este subsistema tiene para las personas que laboran en una institución, la gestión del empleo es un elemento clave para llevar la PPP a la práctica. La necesidad de contar con áreas especializadas para ciertos fenómenos criminales cuya investigación y litigación es más compleja exige tener personal con experiencia y capacidades probadas. Esto solamente se puede lograr cuando la fiscalía realiza una adecuada planeación sobre la gestión de su personal en su paso por la institución, que se considere el presente, pero también el futuro profesional del personal.



Como conclusión preliminar de este primer análisis considero que la relación entre la PPP y los tres subsistemas abordados es la siguiente:


  • La PPP presenta necesidades en abstracto sobre el personal que requiere para su implementación. El subsistema de planeación le ayuda a concretar estas necesidades mediante la definición del número de personas y el tipo de perfil.
  • La PPP debe establecer un marco general sobre la organización y procesos de la fiscalía, para la consecución de sus objetivos y prioridades. Posteriormente, se elaboran los procesos de las distintas áreas y se identifican los distintos puestos que participan en su ejecución. Todo lo anterior sirve como insumo para la elaboración de los perfiles de puestos que requiere el subsistema de organización del trabajo.
  • La PPP ayuda a identificar los casos que son prioritarios conforme a ciertos fenómenos criminales, cuya investigación y persecución resulta de alta complejidad. A través de los procesos de ingreso y desarrollo del personal, el subsistema de gestión del empleo permite contar con las personas adecuadas para encargarse de este tipo de casos.

Bibliografía