CEJUME

Desde los primeros documentos constitucionales -como la Constitución de Estados Unidos de América y la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano- han estado presentes derechos como la inviolabilidad del domicilio y la prohibición de penas crueles, así como los principios de presunción de inocencia, publicidad y prontitud en la resolución de asuntos penales. Estos derechos (o principios) se han convertido en límites al poder punitivo del Estado, que han irradiado a las constituciones modernas, convirtiéndose en partes esenciales de las cartas de derechos.

En el caso mexicano, esto puede verse reflejado en la parte dogmática de la Constitución mexicana. De su lectura y análisis, podemos identificar que dichos principios guardan una relación sustancial con el derecho procesal penal, que demarca sus límites y el campo de juego en el cual puede operar. Es decir, la misma Constitución establece reglas concretas y parámetros que deben regir al proceso penal. Sin embargo, esto no ocurre en el derecho sustantivo penal, con respecto a la dogmática penal. De aquí que nos interesa colocar una pregunta que vale la pena no obviar: ¿guardan relación los principios constitucionales con la dogmática penal?

Nos adelantamos respondiendo que sí. En términos generales, la Constitución no podría detenerse a establecer parámetros para cada caso y responder al análisis dogmático del catálogo de delitos; de manera que enuncia -quizá, de manera abstracta- los derechos con los que contamos todas las personas, los principios que devienen de éstos y sus márgenes. Es decir, no podemos disociar la dogmática penal de las obligaciones que devienen de los derechos humanos. La dogmática penal no escapa a los principios constitucionales.

Desde la perspectiva de Robert Alexy (2009), los principios iusfundamentales valen tanto para la relación entre el Estado y la ciudadanía, como para todos los ámbitos del derecho. Se genera un “efecto de irradiación” de los derechos sobre todo el sistema jurídico, incluida la parte sustantiva del derecho penal (pág. 6). Pero como señalábamos, estos principios iusfundamentales o derechos humanos, no están redactados a manera de reglas concretas que nos dicen qué hacer caso por caso, sino que su redacción abierta nos obliga a tener que interpretarlos.

Hasta este punto podemos arribar a dos conclusiones preliminares. La primera es que los derechos humanos demarcan límites y plantean marcos interpretativos que garantizan el máximo respeto a los derechos de las personas. La segunda es que la dogmática penal no escapa de estos límites. Por ello, a la dogmática penal no se le puede estudiar como una rama aislada, pues no se encuentra fuera del campo de irradiación de los derechos humanos.

Ahora, la siguiente pregunta que hay que plantear es, ¿cómo trasladamos estas conclusiones teóricas a la práctica? Para ejemplificar, imaginemos el siguiente caso:

Una mujer es violentada física y emocionalmente por su marido, dicha violencia incrementa cada fin de semana que él sale a beber con sus amigos. Uno de esos fines de semana, él llega a su casa, ve a la mujer en la cocina, comienza a insultarla, la sujeta de uno de los brazos jalandola hacia él; ella toma un cuchillo que estaba en la mesa y lo apuñala en la espalda para salir corriendo del lugar.