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El derecho a una defensa adecuada es fundamental para lograr el acceso a la justicia, no solo desde la perspectiva de la persona señalada como probable responsable del delito, sino también de la propia víctima. El derecho a una defensa adecuada se satisface en la medida en que se hacen valer los derechos dentro del procedimiento penal. Se puede decir que es un vehículo que ayuda a quien participa en un procedimiento penal para que pueda ejercer los derechos procesales que le correspondan, por ejemplo, a la reparación del daño, a la impugnación de resoluciones, a coadyuvar con el Ministerio Público, entre otros.

Para asegurar que la defensa se lleve a cabo de manera adecuada, deberá ser ejercida por una persona que sea licenciada en derecho con su respectiva acreditación. Inclusive, el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de que la autoridad jurisdiccional remueva del cargo a la o el profesionista con la finalidad de designar a alguien que sí garantice los derechos de la persona imputada.

A partir de la reforma penal de 2008, los derechos de las víctimas se encuentran consagrados en el art. 20 apartado C de la Constitución. Sin embargo, en muchos casos dichos derechos solo quedan en el papel, al verse obstaculizado el camino al acceso a la justicia, como en el derecho a la reparación integral del daño (Covarrubias Flores, 2014, pág. 393). Existen casos en que las personas que tienen la calidad de víctimas no están siendo representadas por una persona asesora jurídica que en realidad haga valer sus derechos, que asesore correctamente a la víctima y que tome en cuenta sus intereses; sino que muchas veces tiene una actitud pasiva, casi subyugada a la dirección del Ministerio Público.

Por lo tanto, hay que establecer una diferencia entre lo que podríamos llamar una defensa material, sustantiva, efectiva, y una defensa meramente formal en un proceso penal. En el amparo directo en revisión 1182/2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resolvió que, la defensa formal significa que basta con que seas defendido por una persona que acredite el título de Derecho ante la autoridad jurisdiccional, mientras que la defensa material implica que la persona encargada de la defensa, además, solicite la realización de actos de investigación, aporte pruebas, realice argumentos, participe activamente en audiencias, solicite ajustes e interponga recursos cuando la ley lo permita, entre otros (párr. 98).

Se requiere que la persona asesora jurídica, además de contar con un título de licenciatura en Derecho, tenga los conocimientos técnico-jurídicos necesarios para salvaguardar los derechos de la persona víctima. En caso contrario, podría obstaculizar el acceso a la justicia de la víctima (Cruz Barney, 2014, pág. 59). No obstante que con el nombramiento de una persona profesionista en Derecho se cumple con el carácter formal del derecho de defensa, esto no significa que se esté cumpliendo sustantivamente con la protección y garantía de ese derecho.

Para superar esta ficción de cumplimiento y que la víctima cuente con una representación victimal adecuada, es necesario que, efectivamente, se lleven a cabo actuaciones que sean diligentes y adecuadas para garantizar los intereses y necesidades de la o las víctimas. En el Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015) señaló que para que el cumplimiento y protección del derecho a una defensa adecuada sea real y no ficticio, es necesario que el o la profesionista ejerza una defensa técnica y que sus actuaciones sean tendientes a garantizar un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios (párr. 157). Si bien esta sentencia, como la mayoría de los materiales que se han desarrollado alrededor de la defensa adecuada, hacen alusión a quienes ejercen la defensa penal de las personas imputadas, estos estándares son también aplicables a la figura de asesora o asesor jurídico.