Carmen Selene Peraza Rosas
Integrante de la Red de Representantes Locales de CEEAD
Representante en Nayarit
La posibilidad de que determinados conflictos que se susciten entre personas y que tengan características de delito, se resuelvan legalmente, de forma pacífica, y sin necesidad de transitar y agotar un juicio, se llama justicia alternativa y es uno de los componentes más importantes del sistema de justicia penal mexicano. Esta forma diferente de resolver conflictos no es exclusiva de la materia penal y tiene aplicación en otras áreas del derecho.
Los vehículos que conducen a las personas desde el conflicto hacia su solución pacífica, se llaman mecanismos alternativos (o medios alternos, en algunas legislaciones) de solución de controversias y en cualquier caso y materia de aplicación, son y deben ser conducidos únicamente por personas expertas en su manejo. Entre otros conocimientos y habilidades, y siguiendo con esta analogía, estas personas expertas, llamadas genéricamente facilitadoras, deben ser capaces de advertir: si hay o no posibilidad para que se utilice esta vía, si las personas tienen o no la voluntad de transitarla, si hay o no condiciones de que permanezcan en el trayecto, o la necesidad de regresar al punto de partida cuando no hay condiciones para avanzar (dejando a salvo el derecho de las personas de resolver el conflicto mediante un proceso ordinario).
En este sentido, las instituciones de justicia tienen el deber de promover la resolución pacífica de los conflictos en las materias y casos que así procedan, garantizando para ello instancias públicas y gratuitas a las que la ciudadanía tenga acceso. Pero además de llevarse a cabo en las instituciones públicas, los mecanismos alternativos pueden practicarse en el ámbito privado. En lo que respecta a Nayarit, este es un tema incipiente. Sin embargo, gracias a la iniciativa del Poder Judicial local, que preside el Magistrado Ismael González Parra, a finales del 2020 egresó la primera generación de personas especialistas independientes certificadas para intervenir en procesos civiles, familiares y mercantiles. Se trató de una convocatoria denominada “Primer Proceso de Certificación de Especialistas Independientes”, que se desarrolló en diversas etapas en las que las personas sustentantes recibieron capacitación y fueron sometidas a evaluaciones teóricas, prácticas y psicológicas.
Esta primera generación, conformada por 28 profesionistas, entre quienes se encontraban abogadas y abogados postulantes, notarias y notarios públicos, psicólogas y psicólogos, y un corredor público; adquirió y fortaleció conocimientos sobre:
La capacitación fue brindada por personas con destacada trayectoria en la materia, operadoras en el sistema, así como auxiliares del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, que dirige el Mtro. Carlos Eduardo Pérez Martínez.
Y es con este propósito que surge el proyecto Certificación para la Justicia en México (CEJUME), que busca fortalecer los procesos de profesionalización de las y los operadores del sistema de justicia penal, mediante el diseño e implementación de un modelo de formación y evaluación de los conocimientos y habilidades que se requieren para el adecuado ejercicio de sus funciones. Y aunque el CEJUME va dirigido únicamente a personal que ejerce como ministerio público, defensa, asesoría jurídica de víctimas y facilitación de mecanismos alternativos en materia penal en instituciones públicas (por ser estas las únicas instancias que pueden conocer de esta materia) es de reconocerse que las entidades implementen este tipo de procesos, porque independientemente de su ámbito de certificación, tienen en común un objetivo importantísimo, que es elevar la calidad de los servicios de justicia, fortaleciendo las capacidades de las personas que operan el sistema, sea desde las instituciones públicas o desde la práctica privada.
Por ello aplaudimos la iniciativa del Poder Judicial local y nos sumamos a divulgar esta buena práctica, pues coincidimos con lo que señala Rodríguez Ledesma respecto de la justicia alternativa en la entidad: “hace falta una gran difusión a la sociedad, para que [los mecanismos alternativos] operen con una mayor eficacia, darle esa importancia trascendental, con el fin de crear una cultura social, revolucionar la mentalidad del conflicto, por una cultura de arreglo y solución pacífica; dar a conocer a la sociedad las bondades, ventajas, beneficios, y derechos de recurrir a estos procedimientos no jurisdiccionales”.
[1] Representante Local del CEJUME en el estado de Nayarit.
[2] Un agradecimiento a Israel Rodríguez Ledesma por la entrevista concedida para la elaboración de este artículo.