¿Cuál es la función del Órgano MASC de la Fiscalía General de Tabasco?

Elvira Alejandra Ricárdez López

Integrante de la Red de Representantes Locales de CEEAD

Representante en Tabasco

Abstracto

Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal (MASC), tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo.


Es por ello que las fiscalías del país y los tribunales, deben contar con personal apto, certificado e incluso especializado, para que se encarguen de facilitar de manera adecuada estos procedimientos los cuales están basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.


Para el caso de Tabasco, únicamente la Fiscalía General cuenta con personal facilitadores de MASC, por lo que su trabajo se vuelve relevante y necesario para que nuestro sistema de justicia penal funcione de manera óptima.


Este personal atiende la solución alternativa de conflictos derivados de delitos no graves y auxilia a las partes para llegar a acuerdo que deje satisfechas a las partes. Sus funciones están basadas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y es necesario que tengan la certificación que la ley ordena, para que puedan laborar.


Contar con herramientas externas como la Certificación para la Justicia en México, permitirá al personal facilitador mejorar sus conocimientos y habilidades por lo que será interesante conocer cómo avanza la entidad en este proceso.

¿Cuál es la función del Órgano MASC de la Fiscalía General de Tabasco?


De acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal:


“Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.”


Es por ello, que al interior de la Fiscalía General de Tabasco existe un Órgano Especializado que se encarga de buscar soluciones en conflictos del ámbito penal, siempre y cuando el delito del que se trate sea apto para someterse a algún proceso contemplado por la ley, y que además involucra voluntariamente a las partes en la solución de su conflicto.


De acuerdo a la legislación nacional, los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, son:


  • Mediación: es el mecanismo voluntario mediante el cual las personas intervinientes, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. Durante la mediación, la persona especialista en la facilitación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los personas que intervienen.
  • Conciliación: es el mecanismo voluntario mediante el cual las personas que intervienen, proponen opciones de solución a la controversia en la que se encuentran. Además de propiciar la comunicación entre las partes, la persona facilitadora puede presentar alternativas de solución diversas.
  • Junta restaurativa: es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social.


Aunque la ley permite la celebración de los tres tipos de mecanismos, en Tabasco suelen ser más utilizados los dos primeros, por lo que es sumamente importante que la ciudadanía conozca sobre el uso de estas herramientas que permiten resolver los conflictos de una manera distinta y con agilidad.


Para poder hacer uso de estos mecanismos, existen dos vías.


La primera es a través de la Fiscalía, se interponga una denuncia o querella en cualquier Centro de Procuración del estado y se inicie una investigación por un delito que no sea grave y manifestar ante la persona Fiscal que existe voluntad de someterse a este proceso.


La segunda vía es a través de la derivación de una jueza o juez, en donde el imputado ya fue vinculado a proceso, y donde de igual forma las partes externen su voluntad para someterse a estos mecanismo, y además se trate de un delito no grave.

Es indispensable que se proporcionen los datos de contacto y ubicación de las personas que se van a citar, esto con el fin de evitar dilaciones y dar agilidad al proceso.


Una vez que el Órgano Especializado da entrada a esta solicitud, realiza la entrega de una invitación hacia la persona requerida y según la fecha y horario establecidos, se le entrevista de manera complementaria para que exponga lo que a su interés convenga sobre la situación.


Después de ello, se realiza la mediación o conciliación, según sea el caso, en donde ambas partes dialogan y buscan soluciones a su conflicto, y la persona facilitadora las auxilia para que se arribe a un solución llamada acuerdo reparatorio.


Este acuerdo puede ser de cumplimiento inmediato o diferido, según sea el caso.


Dependiento la vía por la cual se inició este mecanismo alternativo, corresponderá a la Fiscalía o la persona juzgadora aprobar el cumplimiento del acuerdo reparatorio, cuyo efecto será la extención de la acción penal o el sobreseimiento del asunto, según corresponda. La resolución emitida por el Juez tendrá efectos de sentencia ejecutoriada.


Ahora bien, si no se cumple con el acuerdo reparatorio, esto propiciará que se continúe con el procedimiento penal de manera ordinaria.


El Órgano Especializado de la Fiscalía General de Tabasco, funciona de acuerdo a la normatividad institucional y conforme a la Ley Nacional, además administran su trabajo conforme al Modelo de Gestión de distribución de cargas de trabajo, comúnmente conocido como “Modelo de tres pisos”, lo que permite una mejor coordinación y gestión de los asuntos que le son derivados.


Actualmente laboran alrededor de 53 dentro del Órgano Especializado, dentro de los cuales 30 corresponden a personas facilitadoras de mecanismos alternativos, y el resto es personal administrativo y personas coordinadoras de área y notificadoras.


El personal facilitador, cuenta con la Certificación que la Ley Nacional exige para desarrollar esta función, asimismo se procura su constante capacitación y especialización en materia de justicia para adolescentes.


Estos mecanismos alternativos son parte fundamental del sistema de justicia penal, por lo que su uso propicia el descongestionamiento de cargas de trabajo al interior de las fiscalías y desde luego en los juzgados, además que permite la solución de los conflictos de una forma mucho más pacífica y voluntaria.


Es por ello que el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C., con el objetivo de contribuir a la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y través de la Certificación para la Justicia en México, ofrece al personal facilitador de mecanismos alternativos de solución de controversias una herramienta que les permita evaluar y fortalecer sus conocimientos y habilidades en este perfil.


Por lo que a partir de abril de este año, se iniciará la certificación en varios estados del país y desde luego el personal facilitador de Tabasco se someterá a este proceso con mucho entusiasmo y ánimo de mejorar conocimientos y habilidades que les permitan ofrecer servicios de mayor calidad, por lo que será interesante conocer cómo avanza la entidad en este proceso.

Referencias:

  • Certificación para la Justicia en México. (2020). Certificación para la Justicia en México. https://cejume.mx
  • Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (2014). Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_291214.pdf

* Abogada, consultora feminista con 9 años de experiencia en la gestión estratégica, administración pública y operación del sistema de justicia penal acusatorio en México, especializada en temas de seguridad y justicia, en instituciones de justicia, organizaciones de sociedad civil y programas de desarrollo internacional financiados por USAID.