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La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal, contempla tres mecanismos para solucionar los conflictos de manera rápida, equitativa y con menor desgaste emocional y económico que participar en un juicio, siendo estos la mediación, conciliación y junta restaurativa.

Estos mecanismos tienen como finalidad que de manera oportuna a través del diálogo, y de la voluntad de las partes, se resuelvan las controversias que surjan entre las personas, con motivo de una denuncia o querella por un hecho delictivo. Las sesiones de mecanismos alternativos se realizan con la presencia de los intervinientes y en su caso de auxiliares expertos a petición de las partes, contando en todo momento con la presencia de un facilitador quien mediará la comunicación entre las personas involucradas para su entendendimiento, manteniendo un entorno igualitario, legal y de lealtad ante las soluciones que se propongan y se lleguen.

¿Qué instituciones son las encargadas de que se lleven a cabo los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias?
La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, establece en su artículo 40 que la Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías estatales DEBERÁN contar con órganos especializados en estos mecanismos, y que el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales estatales PODRÁN contar con dichos órganos; El término PODRÁN permite que los Estados realicen la propia interpretación y determinen si los tribunales operan o no con órganos especializados en MASC en materia Penal, siendo obligatorio únicamente para las Procuradurías o Fiscalías y para cumplir con sus finalidades, deberán disponer con facilitadores certificados y personal profesional necesario para el ejercicio de sus funciones.

Derivado de ello, en fecha 31 de julio de 2016, se publicó la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Baja California Sur, en la que se contempla la creación del Centro Estatal de Justicia Alternativa como dependencia auxiliar de la Administración de Justicia del Poder Judicial que dependerá directamente del Pleno, y en el que los Mecanismos Alternativos procederán en las materias Civil, Mercantil y Familiar, siempre y cuando las controversias suscitadas sean susceptibles de convenio, se trate de bienes disponibles, no se controvierta el interés público o social, ni se afecten derechos de terceros o irrenunciables, así como que no exista restricción en la legislación de la materia respectiva.

Así mismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, es la institución en la que se ventilan los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la cual cuenta con una subprocuraduría de Justicia Alternativa que tiene como finalidad proporcionar servicios en la generación de soluciones en los conflictos penales, en aquellos casos en que la ley lo permita; mediante métodos que consisten en la mediación, la conciliación y la restauración, contando con la siguiente estructura orgánica:

Avances:
Desde la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Entidad, a través del órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se han recuperado $90, 068,991.37 millones de pesos propiedad del ciudadano, y se han celebrado 7,621 acuerdos reparatorios. El corte de los primeros 8 meses de 2020 es decir, de enero a agosto de 2020, arroja que se recuperaron $9,917,548.42 millones de pesos por concepto de reparación del daño, beneficiando con ello a un total de 1,136 familias que optaron por los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, para dirimir sus conflictos en materia penal. Lo anterior, se traduce en la celebración de 1,136 acuerdos reparatorios, de los cuales 967 fueron por mediación, 137 por conciliación y 32 por junta restaurativa.