CEJUME

Dicho instituto ejerce sus atribuciones por conducto de una dirección, coordinadoras o coordinadores de área, facilitadoras o facilitadores, orientadoras u orientadores y demás personal que sea necesario para llevar a cabo sus funciones y autorice el presupuesto, y se integra de la Coordinación de Atención Temprana y de la Coordinación de Justicia Alternativa.

La ley orgánica que se comenta establece aspectos básicos de estructura, no obstante, el Reglamento del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Chihuahua (2018, 26 de diciembre) sí pormenoriza la actuación y diseño institucional de tal dependencia y establece lo siguiente:

• El instituto tiene su residencia en la ciudad de Chihuahua y su competencia en todo el territorio estatal con centros regionales habilitados de acuerdo con la población y capacidad presupuestal.
• Su organización se compone por la dirección, subdirección, coordinaciones por materia, centros regionales, equipo de facilitadores y facilitadoras, área de invitadoras e invitadores, área de seguimiento, área de atención a usuarias y usuarios, así como personal administrativo.
• Se establece la obligación para todo el personal a efecto de vigilar el adecuado manejo y conservación de los registros y documentación en el instituto.
• Se establece un proceso de certificación de las y los facilitadores, pero en materia penal y de justicia para adolescentes, se remite a las reglas de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y consecuentemente a los Lineamientos para la Certificación de Facilitadores Judiciales Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y de Justicia para Adolescentes de los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia de las Entidades Federativas de la República Mexicana, emitidos por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C.

A pesar de que el reglamento es exhaustivo, llama la atención que se encuentra desfasado con la ley orgánica y, por tanto, es urgente una actualización reglamentaria.

Es posible advertir que las estructuras del estado para la atención especializada en materia de mecanismos alternos de solución de controversias, en materia penal, son pertinentes, ya que se cuenta con órganos especializados tanto en la fiscalía como en el Tribunal, no obstante, existe una disparidad entre ambos organismos, ya que el órgano posicionado dentro de la fiscalía no cuenta con recursos normativos e institucionales equiparables a los del Poder Judicial y esto podría generar un desequilibrio en la debida solución de los conflictos con un enfoque de justicia restaurativa.

Entonces, se recomienda ampliar la estructura organizativa del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal para estar en aptitud de solucionar los conflictos penales de manera temprana y con ello garantizar la reparación del daño que se les ha causado a las víctimas chihuahuenses desde los primeros momentos del proceso penal, esto es, en sede ministerial.