CEJUME

Lo anterior no debe constituir un problema, sino que se trata del reconocimiento expreso de la aplicación práctica de las teorías clásicas liberales de los pesos y contrapesos del poder público. Bajo esta óptica, todo el poder público puede ser criticado y cuestionado por la forma en que se ejerce; el Poder Judicial es parte de ese rejuego y no está exento de críticas y cuestionamientos sociales a su actuación.

Los riesgos radican cuando las funciones del Poder Judicial son cuestionadas y soslayadas por los otros poderes, en particular por el Poder Ejecutivo, tratándose de resolución de asuntos directamente vinculados con el diseño e instrumentación de las políticas públicas planteadas por la administración pública.

Actualmente la SCJN reserva para su estudio y discusión diversas reformas estructurales de principal interés para el Ejecutivo Federal, como las reformas eléctricas, la creación de la Guardia Nacional y, más recientemente, la reforma sobre la recolección de los datos biométricos para tener acceso a una línea telefónica celular y la inminente controversia sobre la extensión del periodo del presidente de la Corte, que incide directamente en la autonomía del Poder Judicial.

Las objeciones públicas provenientes del Ejecutivo han sido directas y severas, sobre todo contra los jueces de distrito encargados de conocer en primera instancia de los juicios de amparo promovidos por particulares en contra de aquellas reformas.

Actualmente el Ejecutivo sostiene la conveniencia de extender el período del ministro presidente, sostenido su argumento en la imposibilidad de ejecutar la reforma al Poder Judicial si no es bajo la dirección del personaje que ocupa la presidencia por ahora.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no faculta a la SCJN ni a sus integrantes para promover iniciativas de reforma, lo cual es explicable; sin embargo, en el caso de la reforma al Poder Judicial de la Federación, la propia Corte ha incurrido en el yerro de realizar directamente su propia iniciativa y solicitar la intervención del Ejecutivo para presentarla ante el Legislativo como si fuese una iniciativa propia. Los resultados indeseados de esa estrategia pueden observarse con la inclusión del artículo transitorio que permite prolongar el periodo del ministro presidente.

¿Lo anterior constituye una intromisión del Ejecutivo en el Judicial? Es decir, la pregunta es si verdaderamente el Judicial está rindiendo parte de su autonomía. La respuesta a ese planteamiento no es unívoca, pero es posible inferir una intención de controlar la aplicación de la reforma al interior de la Corte y del Consejo de la Judicatura, donde el Poder Ejecutivo no desea permanecer ajeno o expectante.

En todo caso, lo que subyace en este complicado contexto político nacional, es la necesidad de preservar la legitimad de las decisiones de la SCJN mediante la interpretación del “derecho cargado de valores es lo que los textos constitucionales contemporáneos han puesto en las manos de los jueces. Textos densos plagados de principios que delinean los ideales últimos del pueblo sobre la mejor forma de decidir lo público. Irónicamente, estas decisiones han sido delegadas en la rama menos democrática del Estado: los jueces”[3].

A guisa de conclusión, es necesario reconocer que los poderes judiciales en México, tanto a nivel federal, como local, han transitado de verdaderas condiciones de sumisión, hasta alcanzar niveles reales de solidez y autonomía; sin embargo, esos objetivos logrados, pueden verse aislados o incluso regresivos, ante climas políticos adversos. Para evitarlo y no perder años décadas de progresión es indispensable que la SCJN no sea un mero instrumento de la política, sino parte integral y legítima del basamento democrático.

A dicho estadio solo podrá acceder mediante la aplicación de sentencias que definen el destino de la política.