La experiencia de una revolución institucional en mi país
Verónica Medina González
Representante local de Nuevo León, Consultora y abogada penalista
Hace años que trabajo como consultora en procuración de justicia en materia penal. Básicamente, me dedico a observar y emitir recomendaciones para el fortalecimiento de procesos de atención a víctimas del delito, así como de mecanismos enfocados en la reinserción social de personas agresoras. No obstante, mi pasión por la materia se remonta a mi infancia; tal vez sorprenda una conexión tan añeja, pero me gusta compartir que el fondo de mis raíces se conecta con el sueño de ayudar a construir mundos en donde prevalezca la confianza, el respeto, la consideración y la admiración. Mundos en donde todas las personas cuentan con herramientas que les permitan vivir en libertad.
Desde siempre, pero especialmente en los últimos años, he tenido la fortuna de vivir y continuar construyendo estos mundos de la mano de personas que hablan y entienden mi lenguaje. Personas que se distinguen por tener un grado alto de empatía y que emocional e intelectualmente cuentan con herramientas altamente efectivas para fortalecer los procesos institucionales de atención a personas que transitan por problemas emocionales que se traducen en conflictos penales.
En dicho contexto, percibo una revolución institucional en mi país, ya que descubrí y he ido asimilado el concepto y los alcances de la Política de Persecución Penal (PPP), la cual es una de las herramientas más poderosas para la transformación de los mecanismos de atención de las personas que recurren al auxilio de instancias de investigación y persecución penal. A mi gusto, la PPP representa el corazón de una nueva filosofía de trabajo. Es un documento normativo en el que se definen los objetivos estratégicos por alcanzar, a través de la investigación y persecución penal, así como el marco que regula la obtención de resultados óptimos conforme a las prioridades institucionales y el uso eficiente de los recursos. Dicho en otras palabras, es la sístole y el diástole que dirige los esfuerzos para la atención de aquellos fenómenos criminales que más lastiman a las familias, colonias, ciudades y estados que integran nuestro México lindo y querido.
La PPP identifica temáticas prioritarias, es decir, aquellos comportamientos sociales que limitan el ejercicio libre de nuestros derechos y deseos más profundos: violencia familiar, acoso y hostigamiento sexual en entornos escolares y laborales, privación de la libertad, entre innumerables ejemplos que pudiera citar. Algunas Fiscalías, como la de los estados de Sonora y Coahuila, cuentan con avances significativos en la definición de temáticas prioritarias, tales como “violencia contra mujeres y niñas”, “atención a adolescentes en conflicto con la ley”, “estructuras criminales”, “violaciones graves a derechos humanos”, entre otras tantas que dependen del contexto de cada entidad federativa.
Una vez definidas las temáticas prioritarias, es importante profundizar en la identificación de fenómenos criminales. Esto, a partir del análisis del delito entendiendo que ocurre en un contexto complejo que atiende a diversas características relacionadas con las partes involucradas en el conflicto, sus detonantes y consecuencias, la conexión con otros delitos o infracciones, así como las relacionadas a las zonas, objetos, horarios y formas de ejecución.
Lo anterior obliga a un cambio radical de las formas de trabajo institucionales. Transitamos de ser instituciones que responden de manera reactiva ante la solicitud de auxilio de las partes involucradas en un conflicto a instituciones que activan mecanismos conscientes, informados y reflexivos para la atención integral de los fenómenos criminales y garantizar la reparación del daño integral y la reinserción social de la persona que causó el daño.
Los contextos, la demanda social y los esfuerzos por parte de las instituciones han transformado el desempeño de las y los agentes del Ministerio Público. En mi experiencia, he podido observar a agentes del Ministerio Público ejerciendo la abogacía de forma empática, teniendo consideración y respeto hacia las problemáticas expuestas por las personas que acuden en busca de auxilio, así como ejercicios altamente comprometidos que garanticen el entendimiento del contexto de la situación, de las aspiraciones y las necesidades más profundas de las partes involucradas. La generación de estrategias efectivas implica la coordinación con diversas áreas, instituciones y sectores.
En este sentido, el conocimiento, análisis y reflexión de la PPP estatal y federal por parte de las y los actores que convivimos con los procesos de investigación y procuración de justicia cobra un sentido trascendental. Después de todo, nuestro trabajo se asemeja a la llave que las personas necesitan tener en mano para poder abrir la puerta de acceso a la búsqueda de la verdad, la reparación integral del daño, así como para garantizar la no repetición de hechos que lesionen el libre desarrollo. La llave para acceder a mundos donde prevalezca la confianza, el respeto, la consideración y la admiración; mundos en donde todas las personas cuentan con herramientas para poder “ser” y vivir en libertad.