Durante el cierre de la cuarta generación del Programa Semilla, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, se realizaron diversas actividades de forma presencial con estudiantes de derecho de casi todo el país, quienes por varios meses habían convivido de forma virtual compartiendo espacios de formación sobre conocimientos y habilidades necesarias para un ejercicio jurídico competente, con sentido de ética profesional y compromiso social.

Tuvieron la oportunidad de convivir y escuchar a operadoras y operadores del sistema de justicia penal en el panel denominado “Experiencias que suman a la consolidación de un sistema más justo”, en este participaron Carolina Zamorano (Agente del Ministerio Público, Coordinadora de Unidad en la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora), Jaime Gutierrez (Director de la Defensoría Pública Penal en Gobierno del Estado de San Luis Potosí), Rogelio Contreras (Investigador en el CEEAD) y Alejandro Jimenez (Director General de la Asesoría Jurídica Federal). Las y los estudiantes realizaron distintas preguntas a las personas operadoras, su curiosidad y participación activa es algo que caracterizó a esta cuarta generación durante todo el programa.

El panel compartió la vocación que tienen por las funciones que actualmente realizan en el servicio público, lo cual, permitió brindarle al estudiantado una perspectiva real y muy humana respecto al ejercicio de la profesión, visibilizando cómo desde cualquier trinchera se puede sumar a la construcción de un mejor sistema de justicia.

Tuve la oportunidad de convivir con futuras abogadas a la hora de la comida, quienes estaban entusiasmadas después de escuchar a las personas operadoras, se encontraban especialmente inspiradas y alentadas por la participación de Carolina Zamorano, una joven agente del Ministerio Público, quién a la fecha ha obtenido el mejor promedio dentro del proceso de certificación -próximamente podrán escucharla en un episodio de “Justo en el Punto”-, quién compartió con el estudiantado el porqué estudió derecho y cuáles consejos le daría a su antigua yo, en su versión estudiante.

El derecho penal, al igual que muchos otros ámbitos, ha sido un espacio mayormente exclusivo para hombres, diseñado desde una perspectiva androcentrica, lo cual ha causado que sea un espacio donde se replican estereotipos de género, pues se cree que únicamente el sexo masculino cuenta con las características necesarias, para afrontar los retos diarios que se presentan dentro del sistema de justicia penal.

Retomando la anécdota de la charla con las estudiantes, quedaron en mi mente algunos comentarios, en los cuales, más o menos daban a entender que ellas en diversas ocasiones habían creído que el derecho penal no era un espacio para ellas, pues sentían carecer del “carácter” necesario. Si analizamos el contexto en el que hemos escuchado eso, que se denomina “carácter”, más que calificar habilidades y conocimientos, suele componerse de aspectos externos, como el tono de voz, el aspecto físico, la edad, la falta de trato empático hacía las personas, la imposición de voluntades, la falta de comunicación empática y podríamos sumar muchas otras características que reproducen y perpetúan estereotipos de género dentro del sistema de justicia penal y sus estructuras.

Ahora bien, es importante cuestionarnos ¿son esas características las que quisiéramos encontrar en las personas operadoras al momento de acudir a denunciar? yo considero que no, por el contrario, estos resultan ser obstáculos para que las personas acudan a denunciar, es uno de los factores por los cuales se genera revictimización a las víctimas y del porqué las personas deciden abandonar un proceso penal. A nivel nacional se estima que aproximadamente 21.2 millones de personas son víctimas de algún delito por año, sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (2021), solo el 10.3% de los delitos son denunciados o se inicia una carpeta de investigación.

De acuerdo al Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (2021) el porcentaje de delitos que no se denuncian en el país es mayor al 90% (pág. 6) y esto no es un problema de leyes (Tello, 2022), pues son diversos factores los cuales generan que la impunidad sea una constante del sistema de justicia penal, entre ellos se encuentra la actitud hostil de la autoridad (ENVIPE, 2021).